Dueños de vehículos de procedencia extranjera teme ser víctimas de extorsión, esto ante falta de un nuevo esquema federal de regularización, pues se estima que entre 30 mil y 40 mil unidades permanecen sin poder incorporarse al padrón vehicular tras la conclusión del decreto con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
La presidenta de la Asociación de Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP), Elizabeth Gómez Suárez señaló que, el cierre del programa no sólo frenó los trámites pendientes, sino que también incrementó la vulnerabilidad de los conductores, quienes utilizan estos vehículos como herramientas de trabajo, transporte familiar o apoyo para actividades comerciales y del campo.
“Ahora la pregunta del millón y por este medio convocamos a los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, de todas aquellas personas poseedoras de vehículos de esta naturaleza, pues obviamente que no haya saña, no haya dolo, no los tengan en la lupa en relación a quererlos extorsionar, ese es el rechinar de dientes cada vez que termina un decreto de legalización porque si se quedaron alrededor de 30 mil o 40 mil vehículos en el estado sin legalizar”, dijo.
Recordó que, el decreto autorizado en abril de 2023, permitió durante poco más de dos años la regularización masiva de unidades usadas, un mecanismo que no se implementaba a gran escala desde 2005 y, pese a que el balance fue positivo en términos de legalización, reconoció que el esquema presentó fallas y excesos, principalmente por la incorporación de modelos demasiado antiguos que ya no cumplían con criterios ambientales.
Elizabeth Gómez abundó que, el Gobierno federal analiza un nuevo decreto aduanero que contemple pedimentos de importación definitiva, el pago de aranceles e IVA, así como reglas de operación más estrictas y mayor control a través de agencias aduanales, pero la nueva normatividad podría limitar la regularización a modelos más recientes, posiblemente de 2010 en adelante.
Indicó que, mientras no se defina un nuevo marco legal, es indispensable que las autoridades de los tres niveles de gobierno eviten prácticas de hostigamiento o extorsión contra los propietarios de estas unidades, por ello, ha solicitado acercamientos con corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales para garantizar el respeto a los conductores.
Aseguró que, la asociación continuará brindando acompañamiento jurídico y asesoría a sus agremiados, al tiempo que mantiene gestiones ante instancias legislativas y federales para impulsar un nuevo mecanismo de regularización que otorgue certidumbre legal y patrimonial a miles de familias potosinas.
