El Ayuntamiento de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, enfrenta señalamientos graves tras revelarse que el uso de empresas fantasma fue una de las irregularidades más frecuentes detectadas en los informes finales de auditoría correspondientes a 2024, de acuerdo con información difundida por la organización Ciudadanos Observando y reconocida por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).
Según los reportes, una de las prácticas más recurrentes identificadas fue la utilización de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) y Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS), un mecanismo que presuntamente permite justificar compras inexistentes o adquisiciones irregulares con recursos públicos, generando un daño económico directo al erario.
Las investigaciones se han centrado en la Oficialía Mayor del Ayuntamiento capitalino, a cargo de Salvador Moreno Arellano, así como en otras administraciones municipales ya identificadas.
En el caso específico de la capital potosina, se habrían detectado pagos millonarios a empresas y personas físicas que, al ser verificadas, no existen o no cuentan con capacidad real para prestar los servicios facturados.
Entre las observaciones más delicadas se encuentran pagos a supuestas empresas con domicilios fiscales inexistentes, ubicados en terrenos baldíos, casas abandonadas o incluso fuera del estado, además de giros comerciales que no corresponden a los servicios cobrados.
A esto se suman irregularidades adicionales como el uso de facturas canceladas y procesos de compra presuntamente manipulados.
El escenario se vuelve aún más delicado ante el anuncio del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que a partir de 2026 aplicará una estrategia de fiscalización más agresiva, con revisiones directas y visitas domiciliarias enfocadas exclusivamente en comprobar la existencia real de las operaciones facturadas, lo que coloca a las administraciones municipales bajo una lupa mucho más estricta.
Organizaciones civiles advirtieron que el uso de empresas fantasma no es un asunto menor, ya que en distintos niveles de gobierno este esquema ha servido para desviar millones de pesos e incluso ha tenido consecuencias graves en sectores sensibles como la salud.
