La narrativa de apertura, honestidad y combate a la corrupción que ha sostenido el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, enfrenta un serio cuestionamiento tras revelarse que su administración rechazó una propuesta ciudadana diseñada específicamente para blindar las compras y contrataciones municipales contra empresas fantasma y operaciones simuladas.
De acuerdo con un posicionamiento difundido por la organización Ciudadanos Observando, la propuesta fue presentada cuando Galindo aún era candidato a la alcaldía, momento en el que según la agrupación, mostró disposición y se comprometió a implementarla una vez en el cargo.
Ya como alcalde, se realizaron diversas reuniones técnicas para afinar el documento, el cual fue entregado formalmente a la Contraloría Municipal el 25 de mayo de 2022.
El planteamiento buscaba establecer el “Acuerdo del Ayuntamiento de San Luis Potosí contra Empresas con Operaciones Simuladas”, un mecanismo integral para impedir que el municipio contrate proveedores involucrados en facturación falsa, simulación de servicios o inexistencia física, conforme a lo establecido en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Sin embargo, lejos de avanzar, el documento fue enviado a Cabildo y un año después, el 22 de mayo de 2023, la organización recibió una respuesta negativa firmada por la entonces regidora Daniela Cid, en la que se argumentó que el SAT, la Contraloría y Obras Públicas ya realizan revisiones suficientes, calificando implícitamente como innecesaria cualquier acción adicional.
Para Ciudadanos Observando, esta respuesta no solo minimiza la propuesta, sino que evidencia una negativa deliberada a fortalecer los controles, pese a que según documentan, durante la administración pasada y la actual se han detectado contrataciones de empresas sancionadas, razones sociales simuladoras, proveedores no localizables y pagos a empresas fantasma.
La propuesta rechazada incluía medidas concretas, creación de padrones públicos y actualizados de proveedores y contratistas, inspecciones físicas semanales aleatorias, expedientes certificados ante notario, auditorías por denuncias ciudadanas, y sanciones internas por incumplimiento. Todo ello con un objetivo claro, cerrar la puerta al desvío de recursos públicos.
Para la organización, el rechazo del acuerdo desnuda una simulación institucional, pues mientras el discurso oficial presume transparencia, en los hechos se desechó una herramienta ciudadana que habría fortalecido la confianza pública y reducido los márgenes para la corrupción.
“No se aceptó porque nunca se pretendió eliminar las malas prácticas”, concluye el posicionamiento.
