La inconformidad crece en Lomas Tercera y Cuarta Sección, donde vecinos acusan al Ayuntamiento de San Luis Potosí de imponer un desarrollo vertical sin tomar en cuenta la realidad que enfrentan a diario: calles saturadas, cortes constantes de agua y un sistema eléctrico que opera al límite.
El proyecto autorizado contempla la construcción de un edificio de nueve niveles con 33 departamentos y tres locales comerciales en una zona catalogada como residencial.
Para los habitantes, la decisión municipal no solo ignora la vocación del suelo, sino que también desestima la fragilidad de la infraestructura, particularmente la red de drenaje, que supera los 40 años de antigüedad.
Los colonos advierten que actualmente el estacionamiento es insuficiente, el suministro de agua es intermitente y los transformadores eléctricos presentan fallas frecuentes.
“Truenan” con regularidad, señalan, lo que evidencia que el sistema ya está rebasado. Aun así, el Ayuntamiento dio luz verde a un complejo que añadirá decenas de nuevas viviendas y actividad comercial.
Además, cuestionan que, conforme a la fórmula oficial para cambio de densidad, el máximo permitido sería de 29 departamentos, no 33.
Cuando acudieron a la Unidad Administrativa Municipal para solicitar el estudio técnico que respalda la autorización, aseguran que la autoridad se negó a entregar la documentación y defendió el permiso, incluso sugiriendo que recurrieran al amparo si no estaban conformes.
Para los vecinos, la negativa a transparentar el expediente confirma que la decisión se tomó sin considerar el impacto real en la zona.
Recuerdan que en agosto pasado se registró un episodio grave de contaminación de agua potable con drenaje, donde el líquido llegó a presentar heces fecales y hubo personas hospitalizadas.
También señalan que otro edificio construido al inicio de Lomas Tercera provocó el colapso de la red sanitaria, antecedente que temen se repita.
Como primera medida, han comenzado a colocar lonas en distintas calles para manifestar su rechazo. Aclaran que no se oponen al desarrollo urbano, pero sí a proyectos que no sean viables ni sustentables. De no obtener respuestas claras, advierten que podrían escalar las protestas.
