La IMG Academy, una escuela privada de alto rendimiento en Bradenton, Florida, aceptó durante cinco años consecutivos el pago de matrículas de dos presuntos líderes del narcotráfico mexicano para que sus hijos —también estudiantes-atletas— asistieran al plantel entre 2018 y 2022. La institución enfrenta ahora un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por 1.7 millones de dólares por violar la Ley Kingpin.
Entre 2018 y 2022, la IMG Academy firmó contratos anuales de inscripción con dos individuos identificados por el Departamento del Tesoro como “SDN 1” y “SDN 2”. Ambos están sancionados bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Kingpin Act) por sus vínculos económicos y apoyo a una organización criminal con sede en México.
Los pagos, que cubrían colegiatura, alojamiento y otros gastos, oscilaron entre 47 mil y más de 100 mil dólares por año académico. Durante todo ese periodo, la escuela procesó las transacciones sin verificar que los responsables estuvieran en la lista negra de sancionados.
La OFAC determinó que la IMG Academy incurrió en al menos 89 posibles violaciones a las sanciones financieras entre 2019 y 2025. El monto del acuerdo —1.72 millones de dólares— refleja que la institución no autorreveló las infracciones de manera voluntaria y que estas fueron consideradas “no graves” por la autoridad.
Aunque la escuela informó a la OFAC tan pronto como tuvo conocimiento de los hechos, la agencia ya había iniciado una investigación. Como atenuantes, el Tesoro consideró que IMG Academy no tenía antecedentes de sanciones en los últimos cinco años, cooperó sustancialmente con las autoridades y, tras un cambio de propiedad en 2023, implementó un programa de cumplimiento en sanciones.
El documento oficial señala que los pagos permitieron que los hijos de dos líderes de una organización criminal mexicana accedieran a entrenamiento académico y deportivo de élite en Estados Unidos. “Una diligencia mínima en cualquier punto de este proceso habría revelado que estos clientes estaban sancionados”, subraya el informe.
El caso es una advertencia para instituciones académicas: la OFAC recuerda que las personas sancionadas, como cualquier otra, pueden buscar oportunidades educativas para sus familias en EU, y que las escuelas deben implementar controles efectivos para detectar pagos provenientes de actores ilícitos.
Con ifnormación de: Aristegui Noticias
