El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros denunció presuntas irregularidades en el manejo de fosas comunes y clandestinas, así como la falta de información oficial sobre los avances en la localización de personas desaparecidas, situación que aseguran, ha dificultado el trabajo de las madres buscadoras en la entidad.
La vocera del colectivo, Edith Pérez Rodríguez, señaló que durante los dos años de gestión de la titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, María Manuela García Cázares, ha prevalecido una política de opacidad. Indicó que, aunque las autoridades han informado sobre avances, no se ha entregado a las familias un informe general que permita dar seguimiento puntual a los casos.
Pérez Rodríguez cuestionó la ausencia de reportes consolidados sobre hallazgos relevantes. Como ejemplo, mencionó un punto conocido como Laguna del Mante, donde afirmó se localizaron decenas de prendas de vestir, entre ellas alrededor de 45 bóxers, sin que exista información pública sobre posibles procesos de identificación o peritajes que pudieran aportar datos para ubicar a personas desaparecidas.
La activista también denunció la existencia de una fosa común en el panteón de El Saucito con más de 600 cuerpos inhumados, los cuales, según su dicho, no contarían con necropsia ni registros completos, lo que consideró una omisión grave por parte de las autoridades.
En el municipio de Ciudad Valles, agregó, desde septiembre del año pasado se han detectado al menos 15 fosas clandestinas o zonas de exterminio en las que se han encontrado fragmentos óseos humanos y prendas de vestir, lo que evidenciaría la dimensión del problema en la región Huasteca.
Finalmente, la vocera acusó que algunos procedimientos realizados por la Fiscalía podrían no apegarse a los protocolos establecidos, lo que dijo genera incertidumbre jurídica y dificulta que las familias puedan exigir rendición de cuentas a las autoridades.
