La crisis por el desabasto de agua en el fraccionamiento Valle del Agave, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, escaló al ámbito judicial luego de que un vecino promoviera un juicio de amparo ante la falta de suministro regular por parte del Interapas.
El recurso legal fue presentado el 29 de agosto de 2024 por Ángel Sánchez Soto y quedó registrado bajo el número 1192/2024-II en el Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí.
De acuerdo con el ciudadano, desde 2023 las familias de la zona enfrentan un servicio intermitente que los obliga a reciclar agua y, en muchos casos, contratar pipas particulares para cubrir necesidades básicas.
Aseguró que tras la interposición del amparo el organismo comenzó a enviar agua, aunque de forma irregular, un día con suministro y hasta tres o cuatro días sin él.
Según su testimonio, el Interapas solicitó inspecciones judiciales en su domicilio para acreditar que existe servicio; sin embargo, denunció que el suministro mejora de manera anticipada a las visitas oficiales.
El expediente judicial refiere que no se presentaron pruebas adicionales que acreditaran la falta de suministro continuo, situación que derivó en que el juzgado señalara la inexistencia de elementos suficientes para demostrar el incumplimiento sistemático.
Mientras tanto, vecinos del sector aseguran que continúan viviendo entre cubetas y almacenamiento improvisado, enfrentando días completos sin agua en la red.
Además del problema de abasto, denunciaron que los medidores registran consumos elevados aun cuando en ocasiones lo único que circula por las tuberías es aire.
Cuestionado sobre el tema, el alcalde Enrique Galindo Ceballos afirmó desconocer el juicio de amparo.
“A ver, no conozco el amparo. Nosotros tenemos un mecanismo de distribución de agua de manera muy regular a través de la red ordinaria, tanto en pozos, en Soledad, en Sierra de San Pedro y en San Luis Potosí. La verdad, si él tiene o aunque no tuviera un instrumento que lo proteja como el amparo, tiene derecho al agua y desde luego habrá que revisar el caso”, declaró.
Las declaraciones contrastan con la situación que describen los habitantes, quienes sostienen que el suministro no es regular y que han tenido que recurrir a la vía judicial para exigir un derecho básico.
