La Comisión del Agua del Congreso del Estado aprobó la solicitud de extinguir el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Rayón, pese a que no hay un procedimiento claro para desaparecer a este tipo de entes descentralizados.
En reunión de la Comisión, el secretario técnico reveló que la Ley Orgánica del Municipio Libre ni la Ley de Aguas del Estado establecen ningún procedimiento para extinguir organismos operadores, por lo que el proceso tuvo que sustentarse en disposiciones contenidas en el decreto de creación del organismo.
Derivado de este vacío legal, el Congreso intervino para emitir un decreto que complementa el proceso iniciado por el propio municipio, luego de que la Junta de Gobierno del organismo operador acordará su desaparición y el Cabildo ratificará la decisión, con el argumento de que existían deficiencias e irregularidades en la prestación del servicio.
Cabe señalar que, desde el año pasado, el municipio de Rayón envió la solicitud al Congreso, sin contar con el acuerdo administrativo formal requerido para extinguir el organismo, lo que obligó a repetir el proceso, para subsanar la omisión mediante nuevas sesiones realizadas en enero de este año.
El dictamen qué será sometido a consideración del Pleno del Congreso, establece las bases generales para complementar la extinción y desarrollar el proceso de liquidación, incluyendo la entrega-recepción de bienes, recursos y responsabilidades, así como la restitución al Ayuntamiento de Rayón de la prestación directa del servicio de agua potable.
El tema de mayor atención durante la discusión fue precisamente la etapa de liquidación, al tratarse de un proceso que implica definir el destino del patrimonio, el personal y las obligaciones del organismo.
Además, el decreto también establece que el organismo conservará su personalidad jurídica únicamente durante el tiempo necesario para concluir su liquidación, con el fin de formalizar la transferencia de funciones y responsabilidades al Ayuntamiento.
La desaparición del organismo operador se sustenta en el decreto 946, emitido en 2012, el cual establece que, una vez acordada la extinción por la Junta de Gobierno y ratificada por el Cabildo, el Congreso debe emitir el decreto correspondiente para restituir al municipio la prestación del servicio.
