El año 2025 estuvo marcado por diversos casos de violencia contra mujeres en San Luis Potosí que generaron indignación social y exigencias de justicia por parte de colectivos y familiares de las víctimas, pero con el transcurrir de los meses, se han ido diluyendo en la memoria de los potosinos y de las autoridades.
Aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó cifras por debajo de la media nacional en feminicidios durante el primer semestre, organizaciones civiles señalaron una brecha entre los datos oficiales y las muertes violentas documentadas, además de cuestionar la forma en que algunos casos fueron investigados o clasificados, lo que reavivó el debate sobre la atención institucional y posibles actos de revictimización.
Uno de los hechos que generó mayor indignación ocurrió el 19 de enero en la colonia Morales, en la capital potosina, donde Anaiza Vega murió tras ser atacada con un arma blanca cuando intentó defender a su hija Regina, de 19 años, quien resultó gravemente herida. La Fiscalía inició la investigación bajo el protocolo de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa; el presunto agresor fue detenido y vinculado a proceso, aunque familiares señalaron en su momento lentitud en la emisión de la orden de aprehensión.
En la región Huasteca, el feminicidio de Mayté Mata, registrado el 12 de febrero en Ciudad Valles, también provocó conmoción social. La víctima fue localizada sin vida en un domicilio y días después un hombre fue detenido por su presunta responsabilidad. El caso fue clasificado como feminicidio y el imputado permanece en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial.
Otro de los casos que generó protestas fue el de Daniela Martell, artista plástica y conductora de plataforma digital, quien desapareció el 6 de enero en la capital potosina y fue localizada sin vida días después en Zaragoza. La investigación derivó en cinco órdenes de aprehensión por secuestro agravado y feminicidio, aunque familiares y colectivos cuestionaron algunas de las primeras líneas de investigación al considerar que podían representar un intento de revictimización.
A estos hechos se suma el caso de Lourdes, una mujer de 68 años que denunció agresiones físicas y patrimoniales por parte de un familiar directo. El caso fue atendido como violencia familiar, con medidas de protección y seguimiento institucional. En conjunto, estos episodios motivaron vigilias, movilizaciones y posicionamientos públicos de organizaciones civiles que han insistido en fortalecer las investigaciones con perspectiva de género y garantizar procesos de justicia más ágiles para las víctimas en San Luis Potosí
