En el Congreso del Estado de San Luis Potosí fue presentada una iniciativa que busca exentar del pago de arrastre y resguardo en corralones a las personas que recuperen vehículos robados en la entidad.
La propuesta fue impulsada por la diputada suplente Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez y plantea reformar la Ley de Tránsito del Estado de San Luis Potosí mediante la adición de un tercer párrafo al artículo 61.
De acuerdo con la iniciativa, cuando un vehículo esté vinculado a una carpeta de investigación por robo y el Ministerio Público ordene su liberación, el propietario —en calidad de víctima— no tendría que pagar los costos generados por traslado, custodia o almacenamiento en depósitos vehiculares.
En la exposición de motivos se señala que el aseguramiento de unidades recuperadas forma parte de las diligencias necesarias para preservar evidencias dentro de una investigación penal.
Sin embargo, la propuesta argumenta que obligar al dueño del vehículo a cubrir los gastos derivados de estas acciones implica trasladarle una carga económica generada por un delito del que fue víctima, lo que podría representar una forma de revictimización.
