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Tras denuncia ambiental, habitantes de Los Matías reportan amenazas y represalias

24 marzo, 2026
in PORTADA, SLP
Tras denuncia ambiental, habitantes de Los Matías reportan amenazas y represalias

A unas semanas de que Potosí Noticias documentó la escasez de agua y los daños ambientales que enfrentan los habitantes de la comunidad de Los Matías, en el municipio de Zaragoza, pobladores aseguran que su situación persiste y que, tras hacerla pública, han enfrentado presiones, amenazas veladas y cambios en su entorno laboral y social.

Durante una segunda visita a la localidad, este medio corroboró que el ecosistema continúa deteriorado y que las familias siguen dependiendo de pipas para abastecerse, tras años de afectaciones que atribuyen a las detonaciones y operaciones de la empresa Calidra, ubicada a pocos metros de las viviendas.

Laura Lidia López López, habitante de la comunidad, relató que después de la publicación del reportaje comenzaron a observar movimientos inusuales en las instalaciones de la empresa, como labores de limpieza en los alrededores y retiro de vegetación seca.

Según explicó, entre los trabajadores se comentaba que estas acciones se realizaban ante una posible visita de inspección por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam).

“Empezaron a hacer limpieza, quitar pasto seco y hasta hablar de lavar los árboles porque decían que iban a tener visitas y que había que dar mejor imagen”, señaló.

La habitante sostuvo que, pese a esas labores, muchos árboles se encuentran muertos o severamente dañados y no pueden recuperarse solo con agua. Indicó que en años anteriores, durante procesos legales, ya se habían utilizado químicos para limpiar la vegetación afectada por el polvo y las emisiones.

Tras la difusión del problema, la comunidad comenzó a recibir agua mediante pipas, lo que consideraron un avance, aunque insuficiente y temporal.

“Nos empezaron a surtir agua, pero no es algo permanente; nos la dan y luego nos la vuelven a quitar”, afirmó.

López López relató que también recibió la visita de un representante de la empresa, quien le solicitó documentos sobre acuerdos previos y denuncias interpuestas por los habitantes. Aseguró que se negó a entregarlos directamente y pidió que cualquier gestión se realizara a través de las autoridades competentes.

La mujer explicó que, durante esa conversación, expuso las múltiples afectaciones que enfrenta la comunidad, entre ellas daños en viviendas por vibraciones, deterioro de la calidad del aire y la pérdida de la capacidad natural del territorio para captar agua, debido a la devastación de especies de encino y la alteración del ciclo hidrológico.

Además, denunció que tras la publicación del reportaje, trabajadores de la empresa dejaron de acudir a comprar a su negocio de alimentos, lo que afectó directamente su economía familiar.

“Sentí que fue una represalia, porque antes todos venían y después ya no los dejaron salir a consumir aquí”, expresó.
Ante el temor por su integridad y la de su familia, Lidia hizo responsable públicamente a la empresa de cualquier situación que pudiera ocurrirles como consecuencia de su lucha.

“Quiero hacer responsable a Calidra de lo que nos llegue a pasar ya sea a la comunidad, a mi familia y a mi persona”, declaró.

La situación ha generado temor entre los habitantes, quienes aseguran depender en muchos casos de empleos vinculados a la misma actividad industrial. Afirmó que su esposo, quien labora para una empresa contratista, recientemente enfrentó dificultades laborales que atribuye a las tensiones generadas por las denuncias públicas.

La falta de agua potable ha obligado a las familias a recurrir a fuentes naturales en condiciones precarias. La entrevistada explicó que, en ocasiones, deben utilizar agua de un manantial contaminado para actividades básicas.

“A veces nos bañamos con agua verdosa; no la tomamos, pero lavamos la ropa con esa agua porque no tenemos otra opción”, relató.

Los pobladores también subrayaron que la zona donde se ubica la comunidad forma parte de un área natural protegida, por lo que consideran que la problemática debe ser atendida no solo por autoridades estatales, sino también por el Gobierno federal, al tratarse de un tema ambiental de mayor alcance.

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