En San Luis Potosí, la mayoría de las denuncias por delitos cometidos contra niñas y niños no logra avanzar dentro del sistema de justicia. De acuerdo con la abogada y defensora de derechos humanos Claudia Cuéllar, entre 2020 y 2025 se han abierto más de 10 mil carpetas de investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales.
La cifra evidencia no solo la magnitud del problema, sino también la falta de resultados. En promedio, se inician cinco carpetas de investigación al día, de las cuales dos corresponden a delitos sexuales. A estos casos se suman más de 900 reportes de Alerta Amber en el mismo periodo, además de más de 600 registros adicionales en distintas delegaciones del estado.
“Estamos hablando que en San Luis hay más de 10 mil carpetas en los últimos cinco años, lo que nos da a cinco carpetas diarias y dos de ellas son por delitos sexuales”, puntualizó Cuéllar.
No obstante, el dato más alarmante es el seguimiento de los casos: apenas el 3.5% logra avanzar en los procesos correspondientes, lo que deja a la gran mayoría de las víctimas sin acceso efectivo a la justicia.
La defensora explicó que esta situación responde a diversos factores, entre ellos el miedo de las víctimas y sus familias a denunciar o continuar con procesos que implican entrevistas psicológicas, revisiones médicas y largos periodos de espera.
“Tiene que ver con muchas cosas: el miedo de acudir a denunciar, de enfrentar los procesos, de asistir a entrevistas psicológicas o revisiones médicas, lo que provoca que las personas desistan y no den continuidad a sus casos”, señaló.
A ello se suman fallas institucionales, como la constante rotación de personal en las instancias de procuración de justicia, lo que provoca que una misma carpeta sea atendida por distintos ministerios públicos a lo largo del tiempo, afectando su continuidad.
Además, las condiciones económicas y geográficas representan otro obstáculo. Para familias que viven en municipios alejados o con ingresos limitados, trasladarse para presentar o dar seguimiento a una denuncia implica un gasto difícil de solventar.
“Si yo soy de un municipio y apenas gano el mínimo, no me voy a trasladar hasta el Ministerio Público a poner la denuncia”, agregó.
El panorama refleja un sistema que, pese al alto número de denuncias, sigue sin garantizar justicia para las víctimas más vulnerables en la entidad.
Con información de: El Sol de San Luis
