Durante el mes de marzo, el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Zermeño Guerra recibió casi 300 mil pesos, al igual que la casta dorada, quienes percibieron más de 200 mil pesos.
De acuerdo a la organización Ciudadanos Observando, los funcionarios universitarios durante marzo además de sus percepciones ordinarias, recibió pagos extraordinarios, como la prima vacacional.
De acuerdo con la información publicada por la misma UASLP, el rector Alejandro Zermeño registró una percepción bruta de 294 mil 531 pesos. Ya con las deducciones aplicadas, su ingreso neto fue de 174 mil 170 pesos. Muy cerca quedó el secretario de Finanzas, Isaías Ricardo Martínez, quien recibió 271 mil 362 pesos brutos y 173 mil 868 pesos netos, apenas 302 pesos menos que el rector.
Por su parte, Federico Garza Herrera, exfiscal durante el gobierno de Juan Manuel Carreras y actual secretario general de la UASLP, obtuvo una percepción bruta de 262 mil 366 pesos, que se tradujo en 156 mil 22 pesos netos. Mientras que, la abogada general, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, también apareció entre las percepciones más altas, al recibir 226 mil 611 pesos brutos y 146 mil 613 pesos netos.
El vocero de la organización, Guadalupe González señaló que, durante enero y febrero, la UASLP se negó a publicar en la Plataforma Estatal de Transparencia las percepciones de los altos mandos universitarios. En esos meses solo difundió la información correspondiente al resto de la plantilla laboral. Fue hasta marzo cuando finalmente aparecieron los nombres de la cúpula universitaria, aunque con una particularidad: los sueldos y apoyos extraordinarios aparecen fusionados.
“Después de conocer estas percepciones, los cuestionamientos son inevitables. ¿Están justificados estos ingresos en una universidad pública? ¿Responden al desempeño real de sus funcionarios? ¿O se trata de un privilegio reservado para el rector y su séquito, mientras la transparencia llega tarde y de forma incompleta?”, cuestionó.
Lamentó que, en una institución sostenida con recursos públicos, la rendición de cuentas no debería ser opcional ni aparecer solo cuando la presión obliga, “la universidad debe explicar con claridad cuánto gana su cúpula, por qué lo gana y bajo qué criterios se autorizan estos pagos. De lo contrario, la autonomía corre el riesgo de convertirse en escudo para el privilegio”.
