El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) advirtió que la iniciativa que busca obligar a aspirantes a cargos públicos a aprobar exámenes de control de confianza podría generar afectaciones a los derechos político-electorales de personas indígenas, con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad, al incorporar nuevos requisitos para contender en elecciones.
La presidenta del organismo electoral, Paloma Blanco López, señaló que cualquier reforma en materia electoral debe garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos y ajustarse a criterios de proporcionalidad y no discriminación. Añadió que existe jurisprudencia relacionada con medidas que pueden representar obstáculos para determinados sectores de la población.
La propuesta fue presentada por el diputado del Partido Verde, Héctor Serrano Cortés, y plantea que quienes aspiren a cargos de elección popular —desde regidurías hasta la gubernatura— deban obtener una Certificación Estatal de Integridad y Confiabilidad para Postulación Democrática.
Dicha certificación incluiría evaluaciones psicológicas, poligráficas, médico-toxicológicas y de entorno socioeconómico, las cuales serían aplicadas por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Gobierno del Estado.
La iniciativa también ha generado reacciones entre legisladores de oposición. El coordinador del PAN en el Congreso local, Rubén Guajardo Barrera, afirmó que el Poder Legislativo deberá evitar posibles arbitrariedades y adelantó que su bancada prepara una propuesta alterna para revisar perfiles de candidaturas.
Por su parte, la diputada de Morena, Gabriela López, rechazó que el Gobierno estatal participe en la validación de aspirantes, al considerar que “no puede ser juez y parte” en los procesos de selección de candidaturas.
Con información de: Pulso
