Un grupo de elementos policíacos jubilados y pensionados tomaron la Oficialía Mayor del Estado, para exigir el cumplimiento del incremento salarial correspondiente al año 2025, para elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, beneficio que, fue acordado desde el año pasado y hasta la fecha no ha sido aplicado.
La presidenta de la Asociación de Ministerios Públicos, Investigadores, Científicos y Preventivos, Adriana Moya Méndez reprobó que, el titular de la Oficialía Mayor, Noe Lara Enríquez este incumpliendo los compromisos adquiridos en diversas mesas de trabajo realizadas con personal activo, jubilado y pensionado.
“Esta manifestación la estamos haciendo por el incumplimiento que ha tenido el señor oficial mayor para que se aplique el incremento salarial del 2025 a los compañeros de la Secretaría de Seguridad. Esto incluye policías de la Guardia Civil y custodios y los jubilados puedan tener beneficios”, declaró.
Detalló que, desde octubre de 2025 se acordó otorgar un incremento salarial directo del 2.2 por ciento, con efecto retroactivo al mes de junio de ese mismo año, pero el pago continúa sin concretarse pese a los compromisos asumidos por las autoridades.
Adriana Moya dijo que, el pasado 2 de abril recibió una minuta firmada por el oficial mayor y por el subsecretario correspondiente, en la que ambas autoridades se comprometían a realizar las gestiones necesarias para concretar el pago.
“Fecha límite la tenían hasta el 20 de mayo. Ahora resulta que no hay nada, no hay un resultado positivo para los compañeros”, condenó.
Expuso que, los elementos activos de la Guardia Civil, en lugar de incremento están recibieron un bono, por eso piden la intervención del gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, para que se concrete el alza salarios y los jubilados y pensionados puedan tener el beneficio.
“Los activos reciben el bono, pero los jubilados y pensionados no reciben ningún peso”, lamentó.
Añadió que, el aumento sañarial beneficiaria a siete mil personas entre trabajadores en activo, jubilados y pensionados del sistema de seguridad estatal.
Los inconformes tomaron las oficinas de la Oficialía Mayor anunciando que, mantendrían cerradas las instalaciones como medida de presión y advirtieron que podrían radicalizar sus acciones si no obtienen una respuesta favorable, como bloquear carreteras.
