La Corte Suprema ratificó una interpretación amplia de la ciudadanía por derecho de nacimiento, rechazando la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que declaraba que los hijos de personas que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses. Esta decisión supone un duro golpe a las intenciones del presidente Trump.
Los magistrados se basaron en una interpretación largamente establecida de la Enmienda 14 —adoptada tras la Guerra Civil— y en leyes federales más recientes para dictaminar que toda persona nacida en el país, salvo contadas excepciones, es ciudadana. Las restricciones del presidente republicano habían sido bloqueadas por varios tribunales inferiores y no habían entrado en vigor en ninguna parte de Estados Unidos.
La decisión de la Corte Suprema era esperada desde hace meses, desde que la administración Trump insistió por la vía judicial para lograr la restricción del derecho de ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes.
Hace un par de meses, a principios de abril, los jueces de la Corte Suprema parecían inclinados a rechazar el pedido de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, en una audiencia que contó con la extraordinaria presencia del propio presidente.
Los jueces conservadores y liberales cuestionaron si la orden de Trump, en la que se declara que los niños nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos estadounidenses, se ajusta a la Constitución o a la ley federal.
A la audiencia de argumentos no solo se presentó Trump —el primer presidente en ejercicio en asistir a los argumentos en el tribunal más alto del país— sino también estuvo la entonces fiscal general Pam Bondi y el secretario de Comercio Howard Lutnick, y, en los asientos reservados para los invitados de los jueces, el actor Robert De Niro.
El caso supuso otra prueba para las afirmaciones de Trump sobre el poder ejecutivo que desafían un precedente de larga data para un tribunal con una mayoría conservadora que en gran medida ha fallado a favor del presidente republicano. En las notables excepciones en las que el tribunal no lo ha hecho, Trump ha respondido con críticas marcadamente personales hacia los jueces.
Varios tribunales habían bloqueado las restricciones a la ciudadanía
La orden sobre la ciudadanía por nacimiento, que Trump firmó el primer día de su segundo mandato, forma parte de la amplia campaña de represión migratoria de su administración republicana.
Pero, en una serie de fallos, los tribunales inferiores habían declarado que la orden ejecutiva era ilegal o probablemente lo era, según la Constitución y la legislación federal. Los fallos invocaron la sentencia del Tribunal Supremo de 1898 en el caso Wong Kim Ark, en la que se dictaminó que el hijo de ciudadanos chinos nacido en Estados Unidos era ciudadano estadounidense.
La Corte convalidó una sentencia de un tribunal inferior de New Hampshire que anuló las restricciones a la ciudadanía, uno de los varios tribunales que las han bloqueado. Las restricciones no entraron en vigor en ninguna parte del país.
La ciudadanía por nacimiento es la primera política de Trump en materia de inmigración que llega a los tribunales para una resolución definitiva. Los magistrados ya habían anulado los aranceles globales que Trump había impuesto en virtud de una ley de poderes de emergencia que nunca se había utilizado de esa manera.
¿Qué consecuencias implicaba la orden de Trump?
La orden de Trump fijaba una posición diametralmente opuesta a la visión tradicional de que la 14ª Enmienda de la Constitución, ratificada en 1868, y la legislación federal desde 1940 otorgan la ciudadanía a toda persona nacida en territorio estadounidense.
La administración Trump sostenía que la visión común de la ciudadanía es errónea, afirmando que los hijos de personas que no son ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de los Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía.
Según un estudio realizado por el Instituto de Política Migratoria y el Instituto de Investigación Demográfica de la Universidad Estatal de Pensilvania, más de un cuarto de millón de bebés que nacen en los Estados Unidos cada año habrían resultado afectados por el decreto presidencial.
Si bien Trump se ha centrado principalmente en la inmigración ilegal en su discurso y sus acciones, las restricciones al derecho de nacimiento también se aplicarían a las personas que se encuentran legalmente en los Estados Unidos, incluidos los estudiantes y los solicitantes de tarjetas de residencia o del estatus de residente permanente.
A principios del mes pasado aproximadamente dos tercios de los adultos estadounidenses encuestados afirmaron que se debería otorgar la ciudadanía automática a todos los niños nacidos en el país, una opinión que respaldan la mayoría de los demócratas y los independientes, de acuerdo con un estudio AP-NORC Center for Public Affairs Research.
Los republicanos se mostraron más escépticos: solo el 44 % apoya la ciudadanía por nacimiento. La encuesta también revela que algunas personas se encuentran en una encrucijada, ya que, en general, afirman apoyar la ciudadanía por nacimiento, pero también se oponen a ella en determinadas circunstancias.
Con información de: Univisión
