Marcela Loyola
Autoridades del pueblo tének y náhuat, junto a los consejeros Nacionales Indígenas denunciaron intento de despojo y destrucción ambiental que pretenden imponer el Gobierno federal en su región, ante la implementación del fracking para la explotación de yacimientos no convencionales y de geología compleja por parte de PEMEX.
Así lo manifestaron en un pronunciamiento público integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas por el ejercicio de la autonomía y la libre determinación, Angelina Reyes Hernández y Hermelinda Vázquez Bautista, representantes Nahua; Cenorina Bernal Fernández, Rafael Reyes Martínez y Marcos Alejo Torres, representantes Tének, después de una reunión en el municipio de San Antonio.
“Denunciamos la profunda hipocresía y el abierto incumplimiento de las promesas de campaña y los compromisos institucionales de prohibir el fracking (fracturación hidráulica) y la minería a cielo abierto en el país”, condenaron.
Reprobaron que, el gobierno federal y los legisladores federales hayan dejado morir de forma estratégica las reformas constitucionales que supuestamente prohibirían estas prácticas destructivas. “La narrativa oficial del gobierno actual es una simulación discursiva. Alertamos a nuestras comunidades que el llamado “comité de científicos y especialistas” no es más que una cortina de humo, un teatro técnico diseñado específicamente para legitimar el ecocidio, ganar tiempo de manera perversa y terminar imponiendo el fracking bajo un supuesto amparo ‘sustentado en la ciencia’”.
Los consejeros indígenas reprobaron de forma unánime el trabajo sucio que la Presidencia de la República está operando en la clandestinidad, a espaldas de la gente, de los pueblos originarios y de la opinión pública; mientras su círculo más cercano proyecta y diseña la creación de un fideicomiso financiero especializado.
“Este fideicomiso no es otra cosa que un vehículo tramposo para dar entrada directa a la inversión privada —particularmente a las grandes corporaciones energéticas de los Estados Unidos— en los recursos energéticos de la nación. Utilizando la bandera de la “soberanía energética”, planean entregar el subsuelo y entregar el agua al capital extranjero, aislando convenientemente este negocio de la quiebra de Pemex, mientras el costo humano, ambiental y social de la contaminación lo pagaremos las comunidades indígenas de la Huasteca, nos quieren sacrificar”, alertaron.
Reafirmaron su absoluto, unánime e innegociable rechazo al fracking y a cualquier tipo de megaproyecto extractivo (minería, hidroeléctricas, gasoductos) que pretenda el cambio de uso de suelo de la zona huasteca. “No aceptaremos que se maquille el despojo bajo otras denominaciones técnicas en los manuales de PEMEX”.
“Exigimos la prohibición total y definitiva del fracking en las leyes mexicanas. La fracturación hidráulica es inviable en la geografía kárstica de la Huasteca; requiere millones de litros de agua mezclada con veneno que destruirán de forma irreversible nuestros flujos subterráneos y pozos comunitarios en una zona que ya sufre de estrés hídrico crónico”, advierten.
También, manifestaron su respaldo al alcalde de San Antonio, Benito González Hernández y a su Cabildo y, solicitaron a los presidentes y presidentas municipales de la Huasteca Potosina para abstenerse de firmar, sellar o validar a PEMEX para el uso de materiales explosivos y otros actos violatorios de los derechos humanos e indígenas y abstenerse de firmar cambios de uso de suelo. “Su lealtad histórica debe ser con el pueblo tének y náhuatl que los eligieron, no con los intereses centralizados del despojo”.
