Durante la conferencia “Derecho de Réplica” de este miércoles, encabezada por la Consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, el gobierno presentó tres documentos relacionados con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.
La difusión se realizó por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y en respuesta a solicitudes de acceso a la información. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que transparentaría la documentación disponible, salvo las notas diplomáticas vinculadas con expedientes judiciales que, por su naturaleza, mantienen carácter de reservado.
Los documentos señalan que el 28 de abril de 2026 Estados Unidos solicitó la detención provisional de diez ciudadanos mexicanos relacionados con una acusación presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Entre ellos aparecen Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y diversos funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
La acusación estadounidense sostiene que los señalados habrían colaborado con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y participado en una conspiración para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Estados Unidos, aparte de delitos relacionados con armas. Los propios documentos aclaran que se trata de acusaciones y no de condenas.
México exige pruebas y debido proceso
La postura oficial expuesta fue que las solicitudes fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), entidad que abrió una investigación y deberá determinar los pasos siguientes con base en la evidencia y el marco jurídico mexicano.
El gobierno sostuvo que, bajo el sistema penal acusatorio, una detención o acción judicial no puede proceder únicamente con señalamientos escritos, sino que requiere pruebas claras y verificables. También reiteró que no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, pero que toda actuación deberá apegarse a la Constitución y a las leyes nacionales.
Otro de los documentos exhibidos corresponde a un oficio enviado el 30 de abril por la Cancillería a la Embajada de Estados Unidos. En él, México expresó su preocupación porque la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York hizo públicos los nombres y cargos incluidos en las solicitudes de detención provisional.
La SRE argumentó que tal divulgación podía afectar las investigaciones, los procedimientos de extradición y el derecho al debido proceso. También señaló que el propio gobierno estadounidense había pedido mantener reservada la información contenida en las solicitudes, por lo que su publicación impidió a México garantizar la confidencialidad requerida.
La explicación sostiene que la reserva inicial obedeció al carácter judicial del procedimiento y no a una decisión para proteger a Rocha Moya. Con la divulgación de los documentos, el gobierno de México buscó responder a las versiones que calificaron el manejo del caso como un supuesto “blindaje” político.
Con información de López-Dóriga Digital
