El Gobierno de México implementó diversas acciones por la muerte de migrantes mexicanos en Estados Unidos, bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Hasta la fecha suman 17 mexicanos muertos en Estados Unidos a manos de autoridades migratorias; el último caso el de Lorenzo Salgado Araujo.
La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que la protección de mexicanos en el exterior debe ser una causa nacional, de ahí que su gobierno escalara las acciones con la presentación de denuncias.
Asimismo, hizo un llamado al Congreso de México, a partidos políticos y a la sociedad mexicana para respaldar la defensa de los migrantes en Estados Unidos.
¿Qué acciones emprendió México por la muerte de migrantes en EE.UU.?
Este lunes 13 de julio, la Secretaría de Relaciones Exteriores emprendió una serie de acciones jurídicas.
En coordinación con la Fiscalía General de la República se presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de EE.UU., que se notificará mediante la Embajada de México en aquel país.
También se presentarán denuncias ante las fiscalías estatales competentes, a través de la Embajada en EE.UU. y su red consular.
En tercer lugar, el Gobierno de México inició el envío de escritos de cese y desistimiento a los centros de detención donde murieron mexicanos.
El objetivo es que cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en las muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciario.
Dichos escritos son un primer paso para la eventual presentación de acciones civiles.
Por último, la SRE dirigió una comunicación a Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a fin de informar sobre las muertes de mexicanos a manos de ICE y solicitar que su oficina recabe información de las autoridades de EE.UU.
Además, se solicita que analice la compatibilidad de los hechos con las obligaciones internacionales en la materia, formule las recomendaciones correspondientes y transmita el caso a los procedimientos especiales pertinentes del Consejo de Derechos Humanos.
La SRE puntualizó que dichas acciones corresponden a una etapa de investigación, paso previo para el ejercicio de acciones judiciales que procedan conforme a derecho.
Con información de López-Dóriga Digital
