Un tribunal federal de Miami responsabilizó civilmente al exmandatario venezolano, Nicolás Maduro, a Álex Saab y a otros implicados por los abusos denunciados por tres ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.
Un juez federal de Miami ordenó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al empresario colombiano Álex Saab y a otros acusados pagar 314 millones de dólares como indemnización.
Tres ciudadanos estadounidenses denunciaron haber sido detenidos ilegalmente y sometidos a torturas durante su encarcelamiento en Venezuela.
La resolución fue emitida después de que los demandados no comparecieran ante la corte.
El fallo, dictado por el juez Darrin P. Gayles, atribuye responsabilidad civil a Maduro, Saab, otros cinco implicados y a la organización conocida como “Cartel de los Soles”, señalada en la demanda como una estructura vinculada con altos funcionarios venezolanos.
La sentencia favorece a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes aseguraron haber sufrido agresiones físicas, descargas eléctricas, golpes y otros tratos degradantes mientras permanecieron bajo custodia.
En la resolución, el juez sostuvo que los hechos denunciados formaban parte de un patrón de acciones destinadas a sostener el poder político en Venezuela.
“El secuestro fue solo uno de muchos delitos cometidos con el fin de respaldar el régimen dictatorial de Maduro sobre Venezuela”, escribió Gayles en el documento judicial.
Los tres estadounidenses recuperaron su libertad en diciembre de 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas, acuerdo mediante el cual Estados Unidos liberó a Álex Saab, quien permanecía detenido por cargos relacionados con delitos financieros.
De acuerdo con la demanda, Jerrel Kenemore estuvo privado de la libertad durante 643 días tras ser interceptado cerca de la frontera venezolana. Jason Saad, originario de Alabama y residente en Venezuela, y Edgar Marval, empresario establecido en Florida, afirmaron que también fueron arrestados por organismos de inteligencia venezolanos y sometidos a malos tratos durante su detención.
La acción legal fue presentada con base en una legislación estadounidense que permite a ciudadanos de ese país reclamar compensaciones por daños derivados de actos vinculados con organizaciones catalogadas como terroristas.
Aunque la sentencia fija la responsabilidad económica de los demandados, no implica el pago inmediato de la indemnización.
La demanda también incluyó a otros funcionarios venezolanos, entre ellos Delcy Rodríguez.
Sin embargo, la funcionaria quedó fuera del fallo después de que su defensa promoviera el archivo del proceso al argumentar inmunidad por su cargo, planteamiento que fue controvertido por los demandantes.
El caso se suma a otras acciones judiciales emprendidas por ciudadanos estadounidenses que permanecieron detenidos en Venezuela y buscan reparación por presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas durante su encarcelamiento.
Con información de: Aristegui Noticias
