Marcela Loyola
Las recientes declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, el diputado José Roberto García Castillo, no solo evidencian un profundo desconocimiento del derecho indígena, sino que buscan minimizar la imposición de una agenda extractivista en la Huasteca Potosina, condenó Juan Felipe Cisneros Sánchez del Observatorio Indígena Mesoamericano.
Puntualizó que, frente a la narrativa oficialista que llama a la población a “estar tranquila” bajo la promesa de que “nunca se hará nada sin el consentimiento de la población”, precisó que, en el ejercicio de su autonomía y libre determinación, y haciendo valer su personalidad jurídica como sujetos de derecho público, las asambleas comunitarias de la Huasteca ya han determinado de forma contundente que no hay consentimiento para los proyectos de fracturamiento hidráulico (fracking).
Advirtió que, intentar una consulta a estas alturas, cuando el Plan Estratégico de Pemex ya contempla la exploración y explotación de gas y petróleo en la región, es un acto extemporáneo y una simulación procesal plagada de mala fe.
“Mientras el discurso oficial niega los impactos, Pemex opera bajo la penumbra, solicitando de forma opaca a los municipios huastecos permisos para la movilización y gestión de explosivos, violando el derecho fundamental a la información y a la consulta previa, libre e informada”, alertó.
El activista dijo que, denunciaron oportunamente la conformación de comités de expertos que pretenden legitimar el mito del “fracking sustentable”, un procedimiento técnica, económica y ambientalmente inviable que atenta contra los acuíferos y la vida de la región.
Además, manifestaron que, el diputado García Castillo carece de autoridad moral para hablar de salvaguarda de derechos cuando el Congreso del Estado se encuentra en desacato frente a las resoluciones del Tribunal Electoral del Estado y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La legislatura local ha sido incapaz de cumplir con su obligación constitucional de armonizar las disposiciones en materia indígena, manteniendo una deuda histórica con los pueblos originarios.
“El diputado Roberto García Castillo incurre en una grave falta al supeditar los derechos de los pueblos originarios a promesas incumplidas del Ejecutivo. Hacemos un llamado al legislador a asesorarse de manera urgente en materia de derecho constitucional e internacional o, bien, a declinar su encargo en favor de perfiles competentes que antepongan la defensa del territorio y los derechos humanos por encima de la protección de imágenes políticas y consignas partidistas”, pidió.
Cisneros Sánchez dijo que, la Huasteca Potosina no se encuentra en una etapa de “opiniones diversas”, sino en un estado de resistencia legítima contra la destrucción de su patrimonio natural. “Lamentablemente, MORENA en San Luis Potosí se ha dedicado a descalificar y minimizar la información que alerta sobre la amenaza latente del fracking. Su discurso se centra en negar la técnica y estigmatizar a las resistencias indígenas con el único fin de proteger la imagen de la presidenta de la República y su agenda extractivista”.
