La Secretaría de Educación Pública (SEP) cambió en tres días la explicación jurídica sobre las escuelas militarizadas. El 24 de julio afirmó que no existe una norma que autorice esta modalidad en educación básica; el 27 de julio, Mario Delgado reconoció que hubo un reglamento antiguo, aunque aseguró que está “superado” por las leyes actuales.
El problema es que dos disposiciones publicadas en 1943 y 1982 sí contemplan planteles militarizados y, según el análisis de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey, no se localizó un decreto que las elimine expresamente. El mismo documento aclara que esto tampoco permite asegurar, por sí solo, que las normas sigan vigentes: se requiere una definición formal de la SEP, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o una autoridad jurisdiccional.
Dos normas mantienen abierto el vacío legal
Segun el documento del Tec de Monterrey, la primera disposición es el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de mayo de 1943.
El reglamento considera academias de tipo militar a escuelas privadas que imparten desde primaria hasta educación profesional. También coloca a la Secretaría de la Defensa como el organismo facultado para autorizar planteles civiles bajo régimen militar, siempre que exista previamente una autorización educativa.
La segunda norma es el Acuerdo 96, publicado el 7 de diciembre de 1982. Su artículo 9 establece que las escuelas primarias pueden ser militarizadas cuando tengan autorización de la Defensa para impartir instrucción militar.
El análisis documental señala que no se encontró un decreto formal de abrogación del reglamento de 1943 ni del artículo correspondiente del Acuerdo 96.
Sin embargo, hace una precisión importante: que estos documentos aparezcan en compilaciones oficiales de la Cámara de Diputados o de la Secretaría de Gobernación no acredita automáticamente su vigencia jurídica. Por eso, la formulación más precisa es que no se localizó una abrogación expresa. Confirmar si todavía producen efectos legales requeriría una postura formal de las autoridades competentes.
La SEP modificó su postura en tres días
El 24 de julio, la SEP publicó el Boletín 246 y envió un oficio a las autoridades educativas de las 32 entidades.
En ese comunicado sostuvo que no existe disposición normativa, criterio institucional o marco regulatorio que prevea, autorice o regule la impartición de educación militar en instituciones de educación básica.
También aseguró que la educación militar se limita a la formación del personal de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, impartida exclusivamente por la Secretaría de la Defensa Nacional.
La dependencia pidió a los estados revisar planteles que utilicen nombres como “militarizada”, “militar” o “castrense”. Además, indicó que Tamaulipas tomaría medidas sobre la autorización de la academia involucrada en la muerte de Dafne Zapata Quintos, permiso expedido en 2005 y actualizado en 2013.
Tres días después, durante la conferencia matutina del 27 de julio, Mario Delgado reconoció que sí existió un reglamento.
“Hubo un reglamento hace muchos años”, declaró el secretario, aunque agregó que ese marco estaba “más que superado por las actuales leyes”.
El análisis de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad señala que esta segunda explicación es distinta a la del boletín. La primera niega que exista una disposición; la segunda reconoce un reglamento, pero lo considera rebasado.
El documento también advierte que la palabra “superado” no es una categoría jurídica que sustituya una derogación o abrogación formal.
Defensa se deslindó de autorizar y vigilar planteles
El 25 de julio, la Defensa afirmó que carece de facultades para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular escuelas civiles militarizadas.
La dependencia negó cualquier vínculo con la academia de Ciudad Madero y con otros planteles similares. Sustentó su postura en su Reglamento Interior, publicado el 29 de diciembre de 2008, que dejó sin efecto disposiciones administrativas contrarias a ese marco.
De esta forma, en un periodo de 48 horas, la SEP sostuvo que la modalidad no está prevista en la ley y la Defensa afirmó que no tiene facultades para intervenir.
La Defensa también ha señalado que el Sistema Educativo Militar está dirigido exclusivamente al personal del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.
El punto que permanece sin resolver es quién debe aplicar y sostener jurídicamente una revisión de escuelas civiles que ofrecen formación militarizada.
Los estados deberán revisar permisos y modalidades
Mario Delgado explicó que las autoridades estatales son responsables de otorgar autorizaciones o reconocimientos para la operación de escuelas.
La SEP, por su parte, conserva la facultad de vigilar que se cumplan las disposiciones relacionadas con preescolar, primaria y secundaria.
El secretario aclaró que varios planteles cuentan con permiso para funcionar como escuelas, pero ofrecen adicionalmente una modalidad que, según la dependencia, no está permitida.
“Son escuelas que tienen su permiso, pero ofrecen esta modalidad”, señaló durante la conferencia del 27 de julio.
También informó que Tamaulipas detectó otros cinco planteles con este tipo de oferta y que sus permisos serían revisados.
La pregunta jurídica pendiente es con qué fundamento concreto podrían retirarse autorizaciones o impedirse la modalidad cuando las disposiciones antiguas no han sido eliminadas expresamente.
El documento no responde esa pregunta con una conclusión propia. Señala que las posturas de la SEP y la Defensa apuntan en direcciones diferentes y que ninguna ha sido validada por un órgano jurisdiccional.
Escuelas militarizadas aparecen en registros oficiales
La revisión incluida en el documento muestra que los planteles militarizados no operan necesariamente de forma clandestina.
Una revisión periodística del Catálogo de Centros de Trabajo de la SEP identificó al menos 62 escuelas cuyo nombre contiene las palabras “militar” o “militarizada”.
El desglose reportado fue de:
- 37 bachilleratos
- 16 secundarias
- Siete primarias
- Un plantel de educación superior
De esos centros, 31 serían públicos y 31 privados. Nuevo León concentra 12 bachilleratos sostenidos por el gobierno estatal.
Por otra parte, una revisión propia de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad encontró 61 centros bajo un criterio similar. Solo 18 reportaron matrícula, con un total de 850 estudiantes: 607 hombres y 243 mujeres.
El documento aclara que el catálogo puede conservar centros de trabajo que ya no están en operación.
Una revisión distinta del formato estadístico F911 para el ciclo escolar 2024-2025 encontró 59 escuelas con la etiqueta “militarizada”. De ellas, 18 correspondían a educación básica, 36 a media superior y una a educación superior.
Esos planteles atendían, según esa revisión, a 12 mil 813 estudiantes, con 88% de la matrícula concentrada en 25 centros públicos.
Las diferencias entre 59, 61 y 62 planteles responden a los criterios de búsqueda, el registro utilizado y la existencia de centros sin matrícula activa.
La mayor oferta está en bachillerato
El pronunciamiento inicial de la SEP se concentró en educación básica, pero la mayor parte de las escuelas identificadas corresponde a educación media superior.
Nuevo León opera 12 bachilleratos militarizados con 5 mil 881 estudiantes durante el ciclo 2025-2026. Estos planteles siguen programas de bachillerato tecnológico y cuentan con docentes con formación militar.
Guanajuato tiene seis planteles de Bachillerato Bivalente Militarizado en León, Irapuato, Celaya, Dolores Hidalgo y Acámbaro.
Zacatecas mantiene un Bachillerato General Militarizado creado en 2019. El 19 de julio se graduaron 94 estudiantes que recibieron capacitación en manejo básico de armas.
Aguascalientes cuenta con dos planteles y, de acuerdo con el documento, tenía prevista la apertura de un tercero en agosto. La autoridad educativa estatal sostiene que el convenio con las Fuerzas Armadas se limita a disciplina y activación física.
En Tamaulipas se identificaron seis planteles: cuatro de educación básica y dos de media superior.
Estos casos muestran que el debate no se limita a academias privadas. Parte de la oferta fue creada, financiada y promovida por gobiernos estatales.
El caso de Dafne reactivó la discusión nacional
El debate tomó fuerza después de la muerte de Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ocurrida el 16 de julio durante un campamento de verano de una academia militarizada privada en Ciudad Madero, Tamaulipas.
La necropsia estableció asfixia por sumersión. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga el caso bajo protocolo de feminicidio.
Entre noviembre de 2023 y julio de 2026, el documento contabiliza al menos tres muertes de menores vinculadas a academias militarizadas en Tultitlán, Ciudad de México y Ciudad Madero.
Los casos corresponden a Zamir Pinto, Erick Torbellín y Dafne Zapata.
La familia de Dafne impulsó la creación de la llamada Ley Dafne. La propuesta plantea reformar normas locales sobre derechos de la infancia, protección civil, salud y materia penal.
El objetivo sería prohibir expresamente novatadas, entrenamientos físicos excesivos, tortura y otras formas de violencia, además de fijar responsabilidades para directivos e instructores.
El maltrato ya está prohibido por las leyes
Más allá de la discusión sobre la modalidad militarizada, la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prohíben el castigo corporal, el trato humillante y cualquier práctica que dañe la integridad física o emocional.
El documento señala que estas prohibiciones incluyen desgaste físico excesivo, humillaciones, aislamiento, tortura y otras formas de violencia.
También advierte que este tipo de prácticas no son exclusivas de escuelas militarizadas.
Por ello, el problema de política pública no debe reducirse al nombre de los planteles. La supervisión debe alcanzar cualquier escuela donde se vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.
El análisis distingue la violencia de la disciplina positiva, basada en puntualidad, responsabilidad, autorregulación, trabajo en equipo y convivencia pacífica.
La disciplina, sostiene el documento, debe construirse mediante habilidades socioemocionales, diálogo y acompañamiento docente, no mediante violencia o desgaste físico.
La definición jurídica sigue pendiente
La SEP pidió una revisión nacional y sostuvo que la educación militarizada no está permitida. La Defensa afirmó que ya no tiene facultades para autorizar o vigilar estos planteles.
Al mismo tiempo, existen escuelas registradas por la propia autoridad educativa, sistemas públicos estatales y dos disposiciones antiguas sin una abrogación expresa localizada.
El siguiente paso será definir formalmente el estado jurídico del reglamento de 1943 y del artículo 9 del Acuerdo 96, además de establecer reglas claras para la supervisión de escuelas públicas y privadas.
Mientras esa definición no exista, la revisión de permisos continuará bajo interpretaciones distintas entre autoridades federales y estatales.
Con información de: Uno TV
