El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) revisó cerca de 99 millones de registros en busca de posibles votos emitidos por personas sin ciudadanía estadounidense, según documentos internos divulgados recientemente. La investigación también alcanza a organizaciones que registran votantes y coincide con nuevas preguntas a inmigrantes detenidos.
La magnitud de la operación llama la atención, pero hay un matiz importante: revisar millones de registros no significa que se hayan encontrado millones de votos ilegales. Los documentos revelan el alcance de la búsqueda, no una cifra equivalente de infracciones comprobadas.
¿Por qué ICE revisó 99 millones de registros electorales?
Una investigación de CNN, publicada a partir de documentos internos obtenidos por la organización Democracy Forward, reveló que la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), perteneciente a ICE, puso en marcha una operación para identificar posibles casos de registro y votación ilegal por parte de personas que no son ciudadanas estadounidenses. (CNN, reproducido por ABC17News).
Un informe interno fechado el 1 de junio detalló dos grandes conjuntos de información:
- 50.6 millones de registros procedentes de una base de datos del Departamento de Justicia
- 48.4 millones de registros adicionales, obtenidos mediante fuentes que el documento describe como independientes
La suma alcanza los 99 millones de registros. Sin embargo, los documentos no aclaran si ambas bases contienen personas diferentes o si existen datos duplicados. Tampoco permiten concluir que cada registro corresponda a un votante sospechoso.
La operación incluye el análisis de datos, la identificación de posibles pistas y las investigaciones sobre el terreno. Según CNN, los agentes también examinaron decenas de organizaciones sin fines de lucro y grupos dedicados al registro de votantes en estados como Pensilvania y Nueva Jersey.
¿ICE también pregunta a los inmigrantes detenidos si votaron?
Sí. Una investigación publicada por The Washington Post el 6 de octubre reveló que ICE comenzó a preguntar a inmigrantes detenidos si habían votado ilegalmente y, en caso afirmativo, si lo hicieron en persona o por correo.
Según el periódico, las preguntas se incorporaron al sistema de ingreso de detenidos a finales de agosto y se hicieron más específicas a partir del 1 de octubre. La medida forma parte de una estrategia federal más amplia para investigar posibles infracciones electorales. (The Washington Post).
Este procedimiento merece atención porque una pregunta durante el ingreso a un centro de detención no constituye por sí misma una acusación formal ni demuestra que alguien haya cometido un delito.
La diferencia es especialmente relevante para las comunidades inmigrantes, donde la desinformación sobre las consecuencias legales de una detención puede generar temor incluso entre quienes no han participado en ninguna actividad electoral.
¿Puede una persona sin ciudadanía votar en Estados Unidos?
En las elecciones federales, la legislación estadounidense reserva el voto a los ciudadanos. Los residentes permanentes con Green Card, por ejemplo, no pueden votar por presidente ni por miembros del Congreso.
Algunas jurisdicciones han permitido que personas que no son ciudadanas participen en determinadas elecciones locales, bajo reglas específicas. Eso no les concede el derecho a votar en comicios federales.
Por ello, no basta con encontrar el nombre de una persona no ciudadana en una lista electoral para demostrar que emitió un voto ilegal. Las autoridades deben establecer qué ocurrió y evaluar las circunstancias del caso.
La revisión de datos también plantea preguntas sobre posibles errores de identificación, coincidencias de nombres y la protección de información personal.
¿Qué encontraron las autoridades durante la investigación de ICE?
Los documentos divulgados muestran que algunas pesquisas no encontraron indicios de irregularidades. CNN informó que los investigadores no hallaron información incriminatoria sobre decenas de organizaciones de Nueva Jersey y que otra investigación fue cerrada después de agotar las pistas disponibles.
La operación, por tanto, no debe interpretarse como una confirmación de fraude electoral generalizado.
El asunto adquiere mayor relevancia ante las elecciones legislativas de noviembre de 2026. La revisión de millones de registros y los interrogatorios a inmigrantes detenidos muestran que las autoridades federales están ampliando sus esfuerzos para investigar posibles infracciones.
La pregunta que permanece abierta es cuántos casos podrán sostenerse con pruebas verificables y qué mecanismos se utilizarán para evitar que errores en los datos perjudiquen a personas que tienen derecho a votar o que no han cometido ninguna infracción.
Con información de: Uno TV
