Familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda acusaron al Gobierno de México de simular la atención a la crisis de desapariciones, luego de que la Secretaría de Gobernación (Segob) anunciara una nueva revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas sin consultarles ni explicar los criterios utilizados en el ejercicio previo.
En una carta pública fechada el 19 de octubre, las personas firmantes cuestionaron que se enteraran por los medios de comunicación de la creación de un grupo integrado por ocho personas expertas para revisar el registro. Por ello, exigieron que se den a conocer los criterios, los alcances, los objetivos y los mecanismos que garantizarán la independencia de sus integrantes.
Uno de los principales señalamientos se dirigió al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), al que reclamaron no haber transparentado la metodología de la revisión realizada en marzo pasado. Según las familias, aquel ejercicio incorporó categorías como registros con “información suficiente”, casos que “requieren completar sus datos” y aquellos con “actividad posterior” a la desaparición, sin explicar con claridad cómo se determinaron esas clasificaciones.
Los colectivos advirtieron que los cambios en la forma de clasificar los casos pueden generar incertidumbre sobre las cifras oficiales y contribuir a que las personas desaparecidas queden invisibilizadas. En el documento, solicitaron a las personas expertas que eviten que la nueva revisión se convierta en otro mecanismo para borrar a sus seres queridos de los registros oficiales.
También cuestionaron que las autoridades cuyo trabajo será revisado hayan participado en la convocatoria del grupo de especialistas. Ante ello, pidieron conocer el mandato, los objetivos, la duración del trabajo y los mecanismos de evaluación, así como las condiciones que permitirán garantizar la autonomía del proceso.
Entre sus exigencias, las familias solicitaron una reunión pública con las ocho personas expertas para conocer los instrumentos de colaboración y confidencialidad anunciados por la Segob y la manera en que se aplicarán. Reiteraron que su participación es indispensable, pues consideran que su experiencia directa en las labores de búsqueda les permite identificar las deficiencias y necesidades del registro.
El pronunciamiento también cuestionó la participación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México en la selección del grupo de especialistas. Las personas firmantes consideraron que esta decisión deja en segundo plano la participación de las familias, a quienes consideran fundamentales para cualquier revisión relacionada con la crisis.
La carta se difundió antes de la presentación del informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre México ante la Asamblea General del organismo internacional. Las familias señalaron que el anuncio de una nueva revisión ocurre en un contexto de discusión sobre el reconocimiento internacional de la magnitud de las desapariciones en el país.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran la Glorieta de las y los Desaparecidos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), Voz de los Desaparecidos en Puebla y Huellas de la Memoria, además de familiares, personas buscadoras y organizaciones solidarias de distintas entidades.
Las familias estimaron que en México hay más de 135 mil personas desaparecidas y exigieron al Estado claridad sobre cuántos casos reconoce oficialmente, así como información sobre los niveles de impunidad. Advirtieron que cualquier modificación al registro debe realizarse con transparencia, participación de las familias y garantías de que ninguna persona desaparecida será excluida de la búsqueda de verdad y justicia.
Con información de: Aristegui Noticias
