La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación sobre una presunta red de empresas vinculadas a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, que habría obtenido contratos por más de 2 mil 700 millones de pesos para fabricar material electoral entre 2015 y 2025.
De acuerdo con el informe, elaborado a partir de registros de Compranet y de la Plataforma Nacional de Transparencia, entre 2015 y 2023 las empresas recibieron contratos por más de 2 mil 94 millones de pesos en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). Entre 2024 y 2025, el esquema habría continuado en 15 entidades, con adjudicaciones por 646.3 millones de pesos.
La investigación identifica entre las compañías relacionadas con los hermanos a Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo SEC y Formas Finas Fernando Fernández. Según el reporte, el control de algunas firmas habría pasado a familiares directos, como hijos y cónyuges. Los hermanos comenzaron su trayectoria en la administración pública en la década de 1980 y se incorporaron como proveedores del sector electoral en 1999, mediante la empresa Cartonera Plástica.
Según el análisis de la Secretaría de Hacienda, el presunto esquema incluía simulación de competencia en licitaciones, empresas sin empleados registrados ni capacidad técnica suficiente y transferencias de recursos entre compañías para ocultar a los beneficiarios finales. También se identificó el posible uso de prestanombres e identidades simuladas, entre ellas personas de 18 hasta 96 años.
Buenrostro señaló que, debido a la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos locales, corresponde al Congreso, los órganos internos de control y la Auditoría Superior de la Federación fiscalizar las posibles irregularidades y determinar las sanciones administrativas. Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera mantienen investigaciones por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y facturación simulada. ■ López-Dóriga Digital
