Una investigación periodística de El Universal describe la presunta operación de una red de intermediarios que, durante años, habría concentrado contratos de impresión de documentación y materiales electorales en organismos públicos locales, mediante comisiones ilegales, empresas fachada y licitaciones simuladas. De acuerdo con fuentes cercanas a las indagatorias, el esquema habría generado más de mil millones de pesos para las compañías involucradas en el proceso electoral de 2021.
La investigación ubica el origen de esta red en la alianza entre los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas y la familia Carranza Sordo, propietaria de Formas Finas y Materiales. A través de estas empresas, presuntamente ofrecían precios bajos a los organismos electorales y pactaban comisiones con funcionarios de mediano rango, además de recurrir a imprentas externas que debían inflar sus facturas para asegurar contratos constantes.
Con el endurecimiento de los controles de transparencia tras la reforma electoral de 2014, los hermanos Hernández Casillas habrían ampliado su estructura mediante la creación de Corporativo Zeg y Comercializadora JVLY, registradas a nombre de presuntos prestanombres. A estas firmas se sumaron Cajas Graf y Seriplast de México. Según los testimonios recabados por el diario, las empresas simulaban competencia en las licitaciones para desplazar a proveedores que no participaban en el esquema.
El reportaje también menciona la relación de esta red con Guadalupe Taddei, quien presidió el organismo electoral de Sonora desde 2014 y llegó a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2023. Fuentes consultadas señalaron que Jesús Octavio García González, entonces funcionario del organismo electoral de Veracruz, habría presentado a José Alfredo Hernández Casillas con Taddei en 2015; sin embargo, el propio medio aclara que esta versión no ha podido comprobarse.
De acuerdo con la investigación, el esquema continuó durante los procesos electorales posteriores y alcanzó cerca de 200 millones de pesos en contratos durante la elección judicial de 2025, adjudicados por el INE y diversos organismos locales. Entre los factores que habrían contribuido a destapar la presunta red se encuentran las denuncias de proveedores, las inconformidades de Talleres Gráficos de México y los señalamientos sobre la participación de funcionarios en la asignación de contratos.
Las fuentes citadas por El Universal también describieron un incremento en las exigencias de comisiones a las imprentas subcontratadas, que habrían pasado de 5% a entre 20% y 30% del valor facturado. El reportaje señala que las denuncias internas, audios, videos y presuntas irregularidades en concursos terminaron por hacer visible un mecanismo que, durante años, habría operado como un secreto a voces dentro del sector de impresión electoral. ■ El Universal
