El senador opositor y excandidato presidencial colombiano Iván Cepeda presentó una denuncia ante 15 congresistas demócratas de Estados Unidos contra el presidente Abelardo de la Espriella, a quien acusa de mantener presuntos vínculos comerciales con narcotraficantes y de adquirir bienes con recursos de procedencia ilícita.
La denuncia señala posibles relaciones de De la Espriella con Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, alias “comandante Barbie”, un narcotraficante y paramilitar procesado en 2010 por delitos de narcotráfico y lavado de dinero en una corte federal estadounidense. Según Cepeda, familiares de Rodríguez y una empresa vinculada con él aportaron una parte importante del capital de Dominio De la Espriella, compañía productora del ron Defensor: 40.8 % en 2022 y 38.1 % en 2023.
El legislador también señala operaciones inmobiliarias con otros presuntos narcotraficantes y cuestiona la participación de Daniel Peñarredonda, exsocio del bufete de abogados del mandatario, en un proyecto minero relacionado con terrenos que habrían sido despojados a una comunidad afrocolombiana. Entre las operaciones mencionadas figuran la adquisición de las fincas Nueva Jerusalén y Polonia, así como negocios con Carlos Arturo Vega Pineda.
Cepeda entregó documentación financiera, escrituras, testimonios y otros registros para respaldar sus señalamientos. Además, solicitó a los congresistas estadounidenses que promuevan investigaciones ante los departamentos de Justicia y del Tesoro sobre el origen de la fortuna del mandatario y sus posibles vínculos con Alex Saab, señalado como prestanombre del expresidente venezolano Nicolás Maduro.
El senador argumentó que las acusaciones también involucran intereses estadounidenses debido a que De la Espriella tiene nacionalidad de ese país. La denuncia fue presentada igualmente ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, instancia competente para investigar al presidente en funciones.
Por otra parte, Cepeda anunció que solicitará a la Fiscalía colombiana investigar las amenazas contra campesinos de la finca La Alquería, adjudicada por la Agencia Nacional de Tierras a principios de este año. Según el expediente, personas vinculadas con el “comandante Barbie” habrían intimidado a los beneficiarios para recuperar el predio. También prevé acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para solicitar medidas de protección.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, respondió a los señalamientos al afirmar que el control político no debe convertirse en un espacio para formular acusaciones sin sustento. Sostuvo que, aunque las denuncias pueden parecer graves, no cuentan con pruebas contundentes, por lo que corresponde a las autoridades determinar si existen responsabilidades. ■ Proceso
