La Cámara de Diputados descartó acelerar la designación de la presidencia sustituta del Instituto Nacional Electoral (INE) y rechazó la propuesta de renovar a la totalidad del Consejo General, como solicitaron cuatro expresidentes del organismo y exconsejeros electorales.
El presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, y el titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, señalaron que buscarán acuerdos con las bancadas de oposición antes de recurrir a la mayoría legislativa de Morena y sus aliados. Bolaños-Cacho Cué advirtió que acelerar el nombramiento sin consenso podría generar cuestionamientos sobre la legitimidad de la nueva titular.
El legislador del PVEM también rechazó la posibilidad de cesar a los diez consejeros electorales en funciones, al considerar que una renovación completa durante un proceso electoral provocaría inestabilidad institucional. No obstante, consideró viable analizar cambios a las facultades especiales de la presidencia del instituto para designar mandos operativos, siempre que se respeten los límites legales del proceso comicial.
Por su parte, Monreal calificó como jurídicamente inviable reconfigurar el Consejo General y consideró “muy fatalistas” las advertencias sobre posibles afectaciones a la credibilidad de las elecciones de 2027. Además, confirmó que responderá a los ocho planteamientos del PAN para elaborar la convocatoria de selección y buscar un acuerdo que evite señalamientos de imposición.
El coordinador de Morena también rechazó la propuesta del presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ignacio Mier, de mantener a Blanca Cruz como presidenta interina hasta que concluya la jornada electoral. Sostuvo que la Cámara de Diputados ejercerá su facultad constitucional para nombrar a una titular sustituta en un plazo razonable.
Las posturas surgieron después de que los expresidentes del IFE y del INE José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova, respaldados por una veintena de exconsejeros, exigieran elegir de inmediato y por consenso a una nueva presidenta. También propusieron evaluar una reconformación del Consejo General ante el deterioro de la confianza ciudadana por las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción.
El conflicto se originó tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE, luego de que se conocieran irregularidades en contrataciones públicas. La Auditoría Superior de la Federación identificó 89 vínculos entre 83 personas y siete empresas proveedoras que concentraron adjudicaciones millonarias. ■ Aristegui Noticias



