Los líderes de las secciones 52 del SNTE, Bibiana Guerrero Milán y de la 26 del SNTE, Juan Carlos Bárcenas Ramírez presentaron una iniciativa de ley en conjunto con el diputado Crisógono Pérez López para blindar la autonomía sindical y sancionar la injerencia de personas servidoras públicas en la vida interna y los procesos de elección de las organizaciones gremiales.
La iniciativa busca homologar la ley local con la reciente reforma federal propuesta por Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE y senador por Morena, por ello su propuesta plantea adicionar un artículo 70 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado y un artículo 63 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas estatal.
En la exposición de motivos sostiene que la libertad sindical y la autonomía son derechos reconocidos en el marco constitucional y en instrumentos internacionales, y que en el servicio público tienen un peso particular porque garantizan que las personas trabajadoras puedan organizarse y elegir dirigencias “sin presiones, condicionamientos o interferencias indebidas”.
En ese mismo apartado se advierte que en la práctica persisten conductas como intervención directa o indirecta en procesos electorales sindicales, condicionamientos de derechos laborales y parcialidad institucional que afectan la equidad del voto.
Al respecto, Bibiana Guerrero detalló que, la iniciativa busca “fortalecer la autonomía de los sindicatos” y evitar que “personas servidoras públicas se inmiscuyan en la decisión” de los trabajadores al momento de elegir a sus representantes.
En su mensaje, Bárcenas Ramírez manifestó que, la armonización busca que las elecciones se desarrollen “de manera autónoma, sin intervención de agentes adicionales o ajenas a intereses de funcionarios públicos, o que pudiera ser de particulares”, y que los sindicatos elijan con reglas y estatutos propios, “abierta, directa, nominal, secreta y, sobre todo, con autonomía”.
En la iniciativa se propone que el nuevo artículo 70 Bis establezca que “los sindicatos deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia por parte de las personas servidoras públicas” en su constitución, funcionamiento, administración y elecciones, así como en reglas de elegibilidad, reelección o destitución de directivas. Y agrega que cualquier contravención sea considerada “falta administrativa grave” y se sancione conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas local.
El proyecto detalla un catálogo de conductas que serían consideradas actos de injerencia sindical: desde “coaccionar, inducir o amenazar” para votar por una planilla o abstenerse, hasta presiones jerárquicas, condicionamiento de servicios, apoyos, licencias o permisos vinculados al voto; ofrecimiento de beneficios laborales o económicos a cambio de apoyo; represalias mediante suspensión o limitación de derechos, programas, capacitaciones o bonos; uso de recursos públicos para favorecer o perjudicar candidaturas; y falta de imparcialidad o parcialidad pública durante los procesos electorales.
Información tomada de un boletín de prensa.
