Nariño, departamento del suroccidente colombiano, es la región del mundo que produce más cocaína; su gobernador, el centro izquierdista Camilo Romero, se ha convertido en un dique frente a las presiones de Estados Unidos para que Colombia fumigue los plantíos ilícitos con glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno.
“Hay que parar esta esquizofrenia”, plantea Romero, “en la que Estados Unidos nos dice que hay que pelear y luchar contra las drogas y nos amenaza con descertificarnos si no hacemos lo que ellos quieren, cuando en realidad Estados Unidos nos pide más y más coca”.
El gobernador señala en entrevista que Washington no le puede exigir a Colombia fumigar los plantíos de hoja de coca con glifosato, no sólo por la ineficacia del herbicida –20 años de fumigaciones no desincentivaron a los narcotraficantes– sino también por los daños a la salud y al medio ambiente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa una política antidrogas que pone el acento en atacar la producción, no en prevenir el consumo; y el glifosato –producido por la trasnacional Monsanto– figura como la principal estrategia contra las plantaciones de hoja de coca.
Romero dice que a Nariño ya lo fumigaron durante 10 años con 3.7 millones de litros de glifosato y los cultivos de hoja de coca no sólo no bajaron sino que registraron un alza: pasaron de 13 mil 875 hectáreas a 17 mil 285 en ese lapso, según cifras del sistema de monitoreo de la ONU.
Las aspersiones aéreas con el herbicida fueron prohibidas en 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes, luego de que la Corte Constitucional ordenó suspenderlas hasta que exista certeza de que no dañan la salud humana y el medio ambiente. La decisión se basó en un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la OMS, que ubicó al glifosato como una sustancia probablemente cancerígena.
Pero el presidente colombiano Iván Duque pidió en marzo pasado a la Corte Constitucional flexibilizar los condicionantes para usar el herbicida, y el tribunal respondió el pasado 18 de julio que el uso del glifosato es una alternativa, siempre y cuando el gobierno tome todas las medidas del caso para minimizar los riesgos para la salud.
La Corte también señaló que el gobierno debe dar prioridad, por encima de las fumigaciones, al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que es parte de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC pero cuya aplicación ha tenido pocos alcances, por falta de presupuesto.
Duque interpretó el fallo de la Corte Constitucional como una flexibilización de las condiciones para usar el glifosato y anunció que el Consejo Nacional de Estupefacientes analizará en breve un “protocolo” para volver a utilizar el herbicida.
Estados Unidos expresó su beneplácito por la decisión de Duque. Para el embajador estadunidense, Kevin Whitaker, el glifosato es “el mejor método para eliminar la coca”. En cambio, Romero se pregunta: “¿Si esta estrategia no funcionó en el pasado, por qué ha de funcionar ahora?”. Y se dispone a llevar su lucha contra el herbicida al escenario judicial.
“Tenemos lista una acción popular (demanda por derechos colectivos) que radicaremos con el fin de evitar la aspersión con glifosato y proteger el derecho a la salud y la vida de los nariñenses”, anuncia el gobernador.
Mala estrategia
Entre 1992, cuando Colombia comenzó a usar el glifosato, y 2014 fueron fumigadas con el agroquímico 1.8 millones de hectáreas de plantíos de hoja de coca en el país; pero en vez de reducirse, los cultivos pasaron de 44 mil 700 a 48 mil 189 hectáreas en el periodo, según datos de la ONU.
Una de las razones del aumento es que cuando los cultivos de hoja de coca son fumigados con glifosato, 60% de los plantíos erradicados se vuelven a sembrar, porque los campesinos no tienen otra alternativa de subsistencia.
Romero dice que él, como gobernador de Nariño, es el primer interesado en acabar con la coca y con el narcotráfico porque son dos flagelos para su departamento, pero indica que la mejor estrategia es el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Con ese programa la resiembra apenas llega a 0.6%. Es decir, es 100 veces más efectiva que la opción del glifosato que busca imponer Estados Unidos. “Y además no mata”, afirma.
El problema, dice, es que el programa de sustitución voluntaria carece del financiamiento necesario para cubrir a todas las familias cocaleras del país. Explica que en Nariño hay 50 mil familias campesinas que siembran coca y que quieren acogerse a ese programa.
Fumigar con glifosato los plantíos de hoja de coca que hoy tienen esas familias puede llegar a costar, según estudios académicos, unos mil millones de dólares, el doble del financiamiento que requiere en Nariño el programa de sustitución voluntaria.
El gobierno sólo ha destinado 20 millones de dólares a ese programa en Nariño, apenas 4% de los fondos que se necesitan para hacerlo viable.
Nariño, que concentra 27% de los cultivos de hoja de coca en Colombia (unas 45 mil 735 hectáreas), tiene una producción potencial de cocaína de 370 toneladas al año, las cuales tendrían un valor de 11 mil 100 millones de dólares en el mercado negro de Estados Unidos. Dicha cifra duplica con creces el PIB anual del departamento, uno de los cinco más pobres del país.
“Nosotros no somos los beneficiarios del negocio de la coca”, dice Romero. “Somos los que pagamos los platos rotos, los estigmatizados, los que pagamos esta tragedia con la vida, por la violencia que trae la coca”.
Tumaco, municipio de Nariño donde está el epicentro del negocio de la coca, fue en 2018 la ciudad más violenta de Colombia y la segunda más violenta de América Latina, después de Tijuana, con una tasa de 112 homicidios por cada 100 mil habitantes.
“Después de la desmovilización de las FARC (que entregó las armas en 2017 tras firmar un acuerdo de paz con el gobierno), en Nariño hay una nueva guerra, la guerra de la coca”, sostiene el gobernador.
Romero es reconocido en el país como una voz con legitimidad para oponerse al glifosato. Y le ha reclamado cara a cara a Duque su insistencia en defender el glifosato en vez de destinar más recursos al programa de sustitución voluntaria.
Duque le ha respondido que quiere usar todas las herramientas contra los cultivos de hoja de coca: la erradicación forzosa, la aspersión con glifosato y el programa de sustitución voluntaria.
Pero el Plan Nacional de Desarrollo de Duque tiene como meta sustituir voluntariamente 17 mil hectáreas de cultivos de hoja de coca, 10% de las que existen en el país. “Es claro que la única estrategia del presidente es el glifosato”, dice Romero en la entrevista.
Duque argumenta que la prohibición del glifosato causó un aumento de los cultivos ilícitos. Lo cierto es que cuando Colombia dejó de usar el herbicida, en 2015, los plantíos ilícitos crecieron hasta llegar a 171 mil hectáreas en 2017, año a partir del cual se comenzó a aplicar el programa de sustitución voluntaria previsto en el acuerdo de paz con las FARC.
Según estimaciones de Estados Unidos, los cultivos de hoja de coca dejaron de crecer en 2018, año en el que incluso disminuyeron marginalmente.
Esto se ha logrado con un programa de sustitución voluntaria mal financiado y con un plan de erradicación forzosa, que es de alto riesgo para los policías y soldados que lo aplican y en el cual el porcentaje de resiembra es de 35%, 60 veces más que con la erradicación voluntaria.
Doble rasero
El empecinamiento de Washington en que Colombia use el glifosato ha incluido presiones del embajador Whitaker a la Corte Constitucional. El mismo Trump ha hecho reclamos públicos a Duque y lo ha acusado de no hacer “nada” para reducir la cantidad de cocaína que sale de Colombia hacia Estados Unidos.
Duque teme que Trump “descertifique” la lucha antidrogas de Colombia, lo que podría llevar a una reducción de la ayuda estadunidense a este país, que asciende a unos 400 millones de dólares al año.
El sector más radical del partido de Duque, el ultraderechista Centro Democrático, defiende una alineación total de Colombia con la política antidrogas de la Casa Blanca. Pero la seguridad con la que el gobierno de Trump defiende el uso del glifosato contra los cultivos cocaleros en Colombia contrasta con decisiones de la justicia estadunidense.
En mayo pasado una corte de California condenó a Monsanto –filial de la alemana Bayer– a pagar 2 mil millones de dólares como indemnización a una pareja de ancianos, al considerar que el uso del glifosato en el jardín de su casa durante varios años les causó cáncer. Y ese fue el tercer veredicto en Estados Unidos contra esa trasnacional biotecnológica por ese motivo.
Para Romero resulta “inadmisible” que Estados Unidos le exija a Colombia combatir los cultivos cocaleros con un herbicida que sus propios tribunales consideran cancerígeno y cuyo uso ha sido prohibido en 18 países.
“Esta estrategia de atacar los cultivos ilícitos con glifosato es un atentado a la vida de miles de nariñenses, a la biodiversidad de Nariño, a nuestras fuentes de agua, a la vegetación y a la fauna”, sostiene.
Estados Unidos, asegura, no puede traspasarle a Colombia la responsabilidad del enorme apetito que tienen sus ciudadanos por las drogas.
Dice que en Nariño la guerra contra las drogas ha traído “muertes, sangre y poderosas bandas criminales” que se disputan el territorio y que aterrorizan a la población civil.
“¿Y esto por qué?, por la demanda de coca que existe en el mundo. En Nariño no están ni los grandes narcos ni quienes se quedan con el dinero ni los que consumen la coca, pero nos quieren aplicar una política antidrogas de escritorio, no de territorio.”
La responsabilidad de lo que sucede en Nariño, asegura, es global.
“No le pidan a la alcaldía de La Tola o El Charco (municipios nariñenses) que respondan por los cultivos ilícitos. El narcotráfico allí está alentado por un negocio trasnacional, por la demanda de coca en Estados Unidos y Europa”, afirma Romero.
Y plantea que la política global antidrogas, que pone el acento en la represión y en combatir la producción, ha sido “un fracaso total”.
Podrán fumigar con glifosato, “pero en meses o en años habrá los mismos cultivos que ahora o quizá más, porque lo que hay que solucionar es el problema de fondo, que es la pobreza y la marginalidad en que viven esas familias”, afirma.
Romero señala que el tema de fondo es cómo quitar a los criminales el control de los campesinos pobres que los abastecen de coca y cómo incorporar a esa población vulnerable a la legalidad.
“Hay un dolor de patria”, señala, “por el hecho de que haya sido la criminalidad y no el Estado la que entendió el valor estratégico y geográfico de Nariño”, que colinda con Ecuador y tiene 250 kilómetros de costa en el Pacífico.
Entre los grupos criminales que entendieron eso están los cárteles mexicanos, que tienen una presencia importante, mediante delegados, en ese departamento colombiano, donde se abastecen de cocaína.
–¿Y esta presencia le preocupa? –se le pregunta al gobernador.
–¡Cómo no! Tenemos esa conflictividad y esto es injusto para Nariño.
La información que ha recibido Romero indica que los cárteles mexicanos están detrás de las principales organizaciones delictivas que operan en el departamento y que manejan el negocio de la coca, desde su producción hasta su transformación en cocaína y su envío a otros mercados.
Romero está amenazado de muerte por varios de los grupos criminales que operan en su departamento. El político de 42 años aspira a ser, algún día, presidente de Colombia, pero aclara: “Hoy mi gran reto es salir vivo de Nariño”.
Con información de Proceso
