El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump anunció una política que dificulta a inmigrantes legales con beneficios públicos obtener permisos de residencia, conocidos como “green cards”, fuerte medida que forma parte de los esfuerzos de la administración para reducir la migración.
La nueva regla, que dio a conocer el Departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS) este lunes y será publicada oficialmente en el Registro Federal el miércoles para entrar en vigor en dos meses, está diseñada para que los inmigrantes con bajos ingresos no puedan llegar o permanecer en el país.
La riqueza, la educación, la edad y las habilidades del idioma inglés cobrarán mayor importancia en el proceso para obtener una “green card”, ya que el cambio busca redefinir lo que significa ser una “carga pública”, según explicó el diario The Washington Post.
Así, Estados Unidos podrá determinar si el inmigrante se ha convertido en una “carga pública” para la administración, es decir, si depende principalmente de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus de inmigración.
Se verán afectados aquellos inmigrantes que “sea más probable que improbable” que reciban ayudas públicas durante más de 12 meses dentro de un periodo de 36 meses. Si alguien recibe dos ayudas durante un mes, contará como dos meses. La definición de ayuda se ha ampliado además para incluir el seguro médico Medicaid, las ayudas a vivienda, y las de alimentos bajo el programa SNAP.
Al ser cuestionado sobre cómo la comunidad latina se siente amenazada con los cambios en esta medida que restringe la migración legal, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EU, Ken Cuccinelli, dijo que la política no es nueva.
“No hay ninguna razón para que un grupo en particular sienta que esto los está atacando. Esto se aplicará en todo el mundo. Si estuviéramos teniendo esta conversación hace 100 años, aplicaría a más italianos”, apuntó Cuccinelli.
Defensores de inmigrantes han manifestado que esta regla discriminaría a los inmigrantes de los países más pobres, mantendría a las familias separadas y alentaría a los residentes legales a renunciar a ayuda pública que probablemente necesitan para subsistir, según medios locales.
El gobierno de Trump ya propuso en septiembre del año pasado una reglamentación para que los inmigrantes que reciben legalmente beneficios públicos, como la asistencia alimentaria y los vales de vivienda, se les pueda negar la residencia permanente.
Se espera que la regla anunciada este lunes enfrente demandas legales en los próximos días, por lo que su implementación final podría retrasarse varios meses.
En las últimas semanas el gobierno de Trump ha llevado a cabo duras medidas también contra la inmigración ilegal, al ordenar la detención de 680 migrantes durante una redada masiva en seis ciudades del estado de Mississipi.
Con información de Aristegui noticias
