La Procuraduría Agraria pretende dividir la selva en tres; 99 mil hectáreas quedarían como zona protegida, 232 mil estarían expuestas a la expansión de actividades agrícolas y ganaderas.
Desde la Procuraduría Agraria, la 4T planea dar curso a la propuesta de dividir en tres el territorio de la Selva Lacandona. Sólo una de las tres partes, 99,350 de las 331,200 hectáreas decretadas originalmente para su protección (1972), quedaría a cargo de los indígenas lacandones y estaría verdaderamente bajo la lógica de una reserva natural sin perturbaciones humanas. Lo demás estaría expuesta a la expansión de las actividades ganaderas y agrícolas que promueven organizaciones agrarias con las que negocia actualmente la Procuraduría Agraria.
El planteamiento de dividir la selva ha encontrado eco en las tres poblaciones indígenas de la región que comparten derechos sobre un extenso territorio chiapaneco, incluyendo varias áreas naturales legalmente protegidas, la más significativa de ellas es la Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules.
Las poblaciones indígenas involucradas son lacandones, tzeltales y choles y la división de terrenos de selva acabaría con décadas de una forma tradicional de gobierno sobre esos terrenos constituidos en “Bienes Comunales” (el origen de esto también se remonta a los setenta del siglo pasado). Una suerte de triunvirato interétnico que dificultó el desmonte de la selva.
La presidencia de Bienes Comunales está ocupada permanentemente para los lacandones, los menos numerosos pero con más vínculos históricos a la selva y también, notablemente, los que se muestran más cercanos al conservacionismo ecológico y a promover la acción de científicos y académicos en el área.
Los pueblos chol y tzeltal (particularmente este último) provienen de otras regiones de Chiapas y están acostumbrados al manejo agrícola y ganadero de otro tipo de ecosistemas, están asentados en las zonas donde la selva ha sufrido mayor desmonte para sembrar o abrir potreros.
Los bienes comunales son más extensos que las reservas ecológicas y es evidente en las imágenes de satélite que la zona en verdad preservada de la selva está en el núcleo de Montes Azules y en la zona sur en la que se instalaron estaciones científicas desde las que se lanzan alertamientos ante intentos de invasión agrícola o ganadera. Es una zona donde el pueblo lacandón ha tenido siempre la decisión final sobre la preservación de este ecosistema.
El problema: la división de los Bienes Comunales dejaría a los lacandones sólo con el núcleo de la Reserva, mientras que el sur (teóricamente área de los choles) quedaría sin defensa de los intentos de invasión que se han multiplicado allí.
La zona al noroeste de la Reserva está en realidad muy devastada (área de influencia tzeltal) y es probable que la división de los Bienes Comunales sea el paso previo a la desincorporación de estos terrenos de la protección legal y su desmonte definitivo.
Las formas tradicionales de gobierno en la región han vivido un desgaste fuerte a raíz de conflictos internos y por la presión de organizaciones agrarias y populares en la zona (el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es sólo una de ellas), lo que ha ido madurando la idea de que cada pueblo preserve los derechos de los terrenos sobre los que se asienta en lugar de integrarse a una asamblea general común.
La Procuraduría Agraria anunció que trabaja en la solución de conflictos que se vienen arrastrando desde hace décadas en cuanto a tenencia de la tierra, pero en su afán por dividir los Bienes Comunales, dividirá también implícitamente a la Reserva Integral de la Biósfera Montes Azules. Los lacandones y su tradicional apego al conservacionismo se quedarían con algo más del 30 por ciento de terrenos de selva, los últimos en el país.
Con información de Crónica
