El ministro de Interior y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, obtuvo este lunes la aprobación en el Senado italiano, en vía definitiva, de un controvertido paquete de leyes que, entre otras medidas, aumenta la sanción de 50 mil a un millón de euros para las ONG que intentan desembarcar en puertos italianos a los inmigrantes rescatados en el mar Mediterráneo.
El decreto, llamado Seguridad bis y aprobado por 160 votos a favor, 57 en contra y 21 abstenciones, también contempla que los barcos usados por las ONG castigadas puedan ser secuestrados por las autoridades italianas, y posteriormente se conviertan en propiedades del Estado italiano. Este último, transcurridos los dos años, podrá además usarlos, venderlos o destruirlos.
Además de ello, también se prevé que la erogación de 500 mil euros para el 2019, de 1 millón de euros para el 2020 y de 1.5 millones de euros para 2021, para medidas destinadas a la lucha contra la inmigración irregular, también a través de operaciones de policía en incógnito e intercepciones telefónicas preventivas. En cambio, para la expulsión de inmigrantes se han destinado 2 millones de euros, que podrán aumentar hasta los 50 millones de euros, según lo acordado.
Además de ello, Salvini también ha logrado la aprobación de normas que endurecen la participación de personas en actos de protestas y manifestaciones deportivas. Entre otros, se introduce la prohibición para los manifestantes de ocultar su identidad a través de prendas u objetos y se aumentan los castigos para los que insulten o amenacen a policías, funcionarios o políticos, según se lee en el artículo 6 y los siguientes artículos del mencionado texto.
Salvini obtuvo este resultado tras amenazar a sus socios gubernamentales, el populista Movimiento 5 Estrellas (M5S), cuyos votos eran esenciales para la aprobación parlamentaria, con romper el gobierno si no apoyaban la aprobación de la controvertida legislación.
En este clima y en pleno verano, cuando gran parte de la población se encuentra de vacaciones, el ministro festejó el resultado obtenido también felicitándose en las redes sociales, en las que dio las gracias a los italianos y a la virgen María.
“El Decreto Seguridad, con más poder a las fuerzas del orden, más controles en las fronteras, más hombres para arrestar a mafiosos y camorristas, es ley. Les doy las gracias a los italianos y a la beata Virgen María”, escribió en Twitter.
Como era de esperar, en respuesta, Salvini obtuvo ácidas críticas por parte de la oposición, de asociaciones de la sociedad civil y de numerosas organizaciones humanitarias internacionales, que tacharon la medida de “deshumana”.
Una de las voces más duras fue la del jefe del progresista Partido Democrático, Nicola Zingaretti, quien tildó a los parlamentarios del M5S de “esclavos” y a la reforma de una “vergüenza” para Italia.
En alta mar
La aprobación llegó además en un momento en el que la ONG española Open Arms se encuentra en alta mar a la espera de un puerto de destino tras haber rescatado el pasado jueves a más de 120 inmigrantes en el Mediterráneo central.
El incremento de muertes en esta ruta, considerada hoy en día la más mortífera del mundo, también ha ocasionado que dos otras ONG, Médicos Sin Fronteras y SOS Meditterranée, anunciaran este pasado fin de semana el envío de un nuevo barco para rescatar vidas en el mar.
En este clima, algunos analistas consideran que la última esperanza, para evitar que las políticas de Salvini sean puestas en marcha, es una apelación al Tribunal Constitucional, una iniciativa que se lleva adelante sólo en casos extremos.
Un apoyo en esta dirección se encuentra en que hasta la fecha ninguna investigación judicial ha logrado probar que las ONG mantienen vínculos con las mafias que trafican con seres humanos, a pesar de las acusaciones de Salvini, que a menudo ha vinculado a estas organizaciones con la delincuencia.
Dicho esto, las primeras consecuencias de las políticas migratorias de Salvini ya empezarán a sentirse con mayor claridad, en el futuro más inmediato.
Según estimaciones, esta nueva ley y el anterior decreto Seguridad, ocasionarán más muertes y dejarán en las calles a más de 40 mil migrantes que anteriormente tenían papeles y se encontraban en alojamientos gestionados por organizaciones que trabajaban por el Estado.
Con información de Proceso
