Las 43 empresas factureras señaladas por el Gobierno en su denuncia serán acusadas por defraudación fiscal y lavado de dinero, explicó este martes Carlos Romero Aranda, procurador fiscal.
“El día de hoy se estarán presentando siete querellas contra los grupos principales de estas factureras para cuadrar dos delitos: uno la defraudación fiscal y otro el lavado de dinero, para tratar de equipar a delincuencia organizada”, señaló.
El funcionario aclaró que los contribuyentes a quienes se les detectó el uso de este tipo de comprobantes recibirán un exhorto.
“Pensando que todos actuaron de buena fe y no saben que compraron estas facturas y que las utilizaron en su contabilidad o que incluso recibieron un dinero vía asimilable a salarios”, comentó.
Después de recibir estos requerimientos, los contribuyentes tendrán un plazo de tres meses para regularizarse. Si pasado ese tiempo no lo hacen, se interpondrán denuncias contra ellos debido a que se presumirá que “existe un contubernio, que sí hay un acuerdo criminal”.
Romero afirmó que la Procuraduría fiscal está llevando a cabo una “fuerte investigación” para que las autoridades puedan llegar a las cabezas de los grupos detrás de estas actividades.
“Antes no se llevaban a cabo investigaciones, proliferaron las factureras porque se permitía. El mensaje que se quieren enviar hoy es que se acabó la ‘fiesta’, que las factureras ya no pueden seguir hacia adelante, todos tenemos que pagar impuestos”, concluyó.
Con información de El Financiero
