Debido a que se requieren entre 18 a 20 millones de pesos, el Congreso del Estado tiene un impedimento legal y financiero para llevar a cabo las consultas indígena y de discapacidad, ordenadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El integrante de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), diputado Héctor Serrano Cortés señaló que, con la reciente aprobación del “Plan B”, de la reforma electoral, no podrán solicitar una ampliación presupuestal de los 20 millones qué requieren para las consultas, por ello, debido a la falta de recursos no pueden realizarlas.
Reconoció que, se tiene calculado qué fueran menos de 10 millones de pesos, pero de acuerdo a estimaciones del área de finanzas, la consulta indígena tendría un costo aproximado de entre 12 y 14 millones de pesos, mientras que la consulta en materia de discapacidad oscilaría entre 4 y 6 millones, lo que en conjunto representa una necesidad de entre 18 y 20 millones de pesos.
Serrano Cortés puntualizó que, el Congreso se encuentra legalmente impedido para gestionar recursos adicionales, derivado de disposiciones recientes del “Plan B”, que prohíben incrementos presupuestales de los Congresos Locales, por lo que, advirtió que el proceso podría quedar detenido en su fase inicial, ya que uno de los requisitos fundamentales es contar con suficiencia presupuestaria para avanzar.
Añadió que, ante esta situación, el área jurídica del Congreso buscará diálogo con la SCJN para encontrar una alternativa que permita cumplir con la sentencia sin violar las restricciones legales en materia presupuestaria, “el problema es que no contamos con el dinero. Ya cumplimos con los tiempos y con la constitución del ente consultante, pero necesitamos una salida jurídica que nos permita avanzar”.
