Las organizaciones No Más Hijos Rehenes México A.C. y la Fundación Internacional Granito de Arena, se manifestaron instalando peluches frente a la sede del Poder Judicial del Estado (PJE), en contra del “maltrato institucional” hacia niñas y niños, derivado de procesos judiciales prolongados por conflictos familiares.
Fue este viernes, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil que a las afueras del PJE, se colocaron pancartas con leyendas como: “Justicia tardía: herida de por vida”, “Conflictos de adultos no deben costar infancias”, “Mi infancia no es un trámite”, entre otros.
La representante de la Fundación Internacional Granito de Arena en San Luis Potosí, Susana del Río hizo un llamado a sensibilizar a todo el aparato judicial, “lo que tienen en sus manos no son papeles, son vidas de niños que vienen de un núcleo familiar destruido por conflictos de adultos que ellos no comprenden”.
Dijo que, someter a los menores a procesos prolongados impacta no solo su desarrollo emocional, sino también el tejido social a futuro. “aquí no hay hombres ni mujeres, hay niños por los que ustedes están decidiendo; al hacerlo mal están formando una generación de adultos heridos que no creerán en la familia ni tendrán relaciones sanas”.
Al respecto, el delegado estatal de No Más Hijos Rehenes, Uriel Medina aseveró que, el sistema ha normalizado medidas temporales que terminan por volverse permanentes, pues los procesos judiciales se extienden por años.
“El Poder Judicial ha creado una zona de confort donde las medidas temporales se vuelven condenas perpetuas. Dictan convivencias supervisadas por ‘precaución’ que duran años en entornos deshumanizados”, condenó.
Denunció que, existe una contradicción en los procesos, pues “cuando la distancia impuesta por el propio juez enfría el vínculo, suspende el contacto bajo el argumento de que ‘no hay condiciones’. Es una falacia cruel: es como prohibirle a un enfermo la medicina y luego castigarlo por no sanar”.
Las organizaciones advirtieron que, esta práctica vulnera el principio de mínima intervención y afecta directamente la salud mental de los menores.
En un documento entregado a la magistrada presidenta, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, los colectivos plantearon cuatro exigencias principales: establecer plazos máximos de tres meses para convivencias supervisadas, implementar mesas técnicas con sociedad civil, capacitar al personal judicial en temas de daño emocional infantil y fijar revisiones periódicas obligatorias en los casos.
