Luego del posicionamiento en contra por parte de colectivos, el Pleno del Congreso del Estado rechazó la iniciativa promovida por la diputada priista Sara Rocha Medina para instaurar el 4 de diciembre como el “Día de la Niña y el Niño por Nacer”.
Fueron seis votos a favor, siete en contra y cinco abstenciones; mientras que ocho legisladores se ausentaron de la sesión, algunos de los presentes reaccionaban entre risas, muecas y comentarios durante la discusión y emisión de votos, marcando también la postura de sus respectivas bancadas.
A favor del dictamen votaron los diputados panistas Rubén Guajardo Barrera, Marcelino Rivera y Mireya Vancini; el legislador de Nueva Alianza, Crisógono Pérez López; la promovente Sara Rocha Medina, del PRI; y la diputada del Partido Verde, Dolores Robles Chairez.
Las abstenciones provinieron de la priista Frinné Azuara; el diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Gama; el legislador del PVEM, Héctor Serrano Cortés; y la diputada del PT, María Leticia Vázquez.
En la discusión, la diputada de Morena Gabriela López Torres subió a tribuna para fijar postura en contra de la propuesta, señalando que el concepto de “niña y niño por nacer” “no es una categoría jurídica reconocida en nuestro marco constitucional” y advirtiendo que puede utilizarse para impulsar “una visión ideológica que contraviene los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, hombres trans y personas no binarias gestantes”.
Agregó que, la Suprema Corte ha establecido que México no está obligado a reconocer personalidad jurídica al no nacido desde la concepción y afirmó que el Congreso debe enfocarse en ampliar derechos y no restringirlos.
“La vida se protege garantizando condiciones dignas para ejercerlas, no encubriendo discursos antiderechos”, puntualizó.
Además, el Frente Marea Verde San Luis Potosí manifestó su rechazo a la iniciativa, al considerar que no se trataba de “un acto simbólico inocente”, sino de “una estrategia política e ideológica impulsada históricamente por sectores conservadores”.
El colectivo dijo que, la propuesta buscaba instalar una narrativa de “protección a la vida” para deslegitimar el derecho a decidir y sostuvo que este tipo de medidas no atienden problemas estructurales como el acceso al aborto seguro, la violencia obstétrica, los embarazos forzados en niñas o las deficiencias en salud sexual y reproductiva.
