Marcela Loyola
Ante el riesgo que existe de que se intente ejecutar un nuevo desalojo en la comunidad de La Peña, en el municipio de Tampamolón, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) anunció que, impulsará la prescripción adquisitiva del predio, como parte de las acciones jurídicas con la que busca defender a las familias indígenas tének que fueron violentadas hace semanas.
La organización detalló que, esta figura legal, también llamada usucapión, permite solicitar el reconocimiento de la propiedad de un inmueble cuando se demuestra que ha sido poseído de manera pública, pacífica, continua y durante el tiempo que marca la ley.
Durante el pleno estatal de la CIOAC, realizado este martes en la Huasteca potosina, el dirigente Pedro González Gómez informó que, la organización ya reunió la documentación necesaria para avanzar por esa vía.
“Ahora nosotros estamos en el camino correcto buscando la prescripción. Ya juntamos toda la documentación”, expresó al explicar que el objetivo es acreditar los derechos de posesión de las familias que, de acuerdo con la organización, han vivido en el predio durante varias décadas.
González Gómez dijo que, “la gente de La Peña no va a salir de los terrenos, pase lo que pase” y pese a las presiones externas, pues tienen conocimiento de una reunión realizada en Ciudad Valles en la que presuntamente se habría planteado un nuevo operativo para desalojar a los habitantes del predio.
Ante esa posibilidad, advirtió que la organización mantendrá el acompañamiento a la comunidad y que cualquier intento de retiro forzado encontrará resistencia tanto de las familias como de la propia estructura campesina que las respalda.
El dirigente reiteró además que, las familias de La Peña no invadieron el terreno, sino que ya vivían y trabajaban ahí cuando la CIOAC comenzó a brindarles asesoría hace aproximadamente 25 años. Explicó que los ocupantes eran empleados de los antiguos propietarios de los ranchos y que permanecieron en el lugar después de que los inmuebles pasaron a manos de una institución bancaria tras diversos juicios mercantiles. Según su versión, fue a partir de esa situación que la organización empezó a acompañarlos en la defensa de su permanencia y en la búsqueda de una salida legal que reconociera la realidad de ocupación que, aseguró, se ha mantenido por décadas.
