El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, Juan Pablo Albán Alencastro, aclaró que el procedimiento activado por el organismo respecto a México tiene como objetivo impulsar la cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones, y no establecer una sanción ni determinar la responsabilidad internacional del Estado mexicano.
En entrevista con Aristegui en Vivo, el representante explicó que el comité presentó ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU los fundamentos de la decisión adoptada en abril de 2025, cuando activó por primera vez el procedimiento contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Albán señaló que la determinación se basó en información recopilada durante varios años, incluidos datos proporcionados por el Gobierno mexicano, organizaciones civiles y colectivos de familiares de personas desaparecidas, además de las conclusiones derivadas de la visita que el comité realizó al país en noviembre de 2021.
De acuerdo con el funcionario, el análisis identificó elementos para considerar que en distintas zonas del territorio mexicano podrían estarse cometiendo crímenes de lesa humanidad relacionados con las desapariciones.
No obstante, precisó que el comité no encontró elementos suficientes para afirmar que existe una política del Gobierno federal dirigida a cometer estos crímenes. También señaló que, aunque el principal perpetrador identificado es el crimen organizado, existen casos en los que se ha confirmado la participación de funcionarios municipales y estatales.
ONU busca apoyo para las familias de personas desaparecidas
Albán insistió en que la activación del artículo 34 no debe interpretarse como un intento de confrontar al Gobierno mexicano, sino como una oportunidad para movilizar recursos y asistencia internacional ante la magnitud de la crisis.
Entre las áreas prioritarias mencionó el fortalecimiento de las labores de búsqueda, la investigación de los casos, la identificación de restos humanos y la protección de quienes participan en actividades de búsqueda e investigación.
El presidente del comité explicó que la evolución de las cifras oficiales fue uno de los factores considerados para activar el mecanismo. Según los datos que expuso, cuando el organismo visitó México en 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba alrededor de 96 mil registros. Para abril de 2025, la cifra había superado las 134 mil personas.
Asimismo, indicó que el número de cuerpos pendientes de identificación en los servicios forenses pasó de aproximadamente 52 mil durante la visita a 72 mil cuando se tomó la decisión de activar el procedimiento.
A estos indicadores, añadió, se suman las denuncias de hostigamiento, intimidación y agresiones contra personas buscadoras, así como los elevados niveles de impunidad.
El representante sostuvo que el comité continuó recibiendo solicitudes de acciones urgentes por nuevas desapariciones, lo que reforzó la necesidad de recurrir al mecanismo previsto en la convención.
Procedimiento no busca sancionar al Estado mexicano
El presidente del organismo explicó que la activación del artículo 34 fue resultado de un proceso gradual de supervisión que incluyó la revisión de informes oficiales, diálogos con las autoridades, comunicaciones individuales, acciones urgentes y la visita realizada en 2021.
Ante los cuestionamientos del Gobierno mexicano sobre la interpretación de la convención, Albán afirmó que el comité no espera necesariamente que el Estado comparta sus conclusiones, pero sí que mantenga su disposición a recibir cooperación internacional.
Subrayó que el mecanismo tiene un carácter preventivo y no sancionatorio, por lo que la intervención de la Asamblea General no implica automáticamente una declaración de responsabilidad internacional.
La Tercera Comisión de la ONU, encargada de asuntos sociales y de derechos humanos, deberá analizar el caso y determinar los pasos a seguir. Entre las posibilidades se encuentran la adopción de una resolución, la convocatoria a una mesa de diálogo, la solicitud de información adicional o la remisión del asunto a otras instancias de Naciones Unidas.
Albán indicó que el proceso busca generar condiciones para que México reciba apoyo adicional y pueda fortalecer sus capacidades para atender las desapariciones.
Comité reconoce avances de México, pero pide mayores resultados
Durante la entrevista, Albán reconoció que el país cuenta con instrumentos institucionales y legales para enfrentar el problema, entre ellos la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Ley General de Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales y las fiscalías especializadas.
Sin embargo, consideró que estas medidas no han sido suficientes para frenar la crisis y sostuvo que es necesario reforzar las acciones existentes.
También señaló que México ha establecido acuerdos de cooperación con países como España, Guatemala y Países Bajos, además de mantener colaboración con Alemania y el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
Para el presidente del comité, estos mecanismos demuestran que la asistencia internacional puede desarrollarse sin desconocer los esfuerzos realizados por las autoridades mexicanas.
Albán también se refirió a las 16 mil personas que, según información presentada por el Estado mexicano, fueron localizadas durante el último año. Consideró positivo el dato, aunque pidió que se presente evidencia que permita confirmar las localizaciones y que las familias hayan recibido información sobre el paradero y la situación de sus seres queridos.
Asamblea General dará seguimiento al caso
El representante detalló que el procedimiento fue remitido a la Asamblea General a través del secretario general de Naciones Unidas y que, durante junio de 2025, los Estados miembros fueron informados formalmente del asunto.
Tras la presentación ante la Tercera Comisión, el proceso continuará con el análisis de las posibles medidas y de las opciones para facilitar el diálogo y la cooperación con México.
Albán afirmó que algunos países expresaron disposición a colaborar en materia de asistencia técnica, búsqueda e investigación, por lo que el comité mantiene la expectativa de que puedan surgir iniciativas de apoyo internacional.
Finalmente, aseguró que el organismo continuará supervisando el cumplimiento de las obligaciones de México bajo la convención, mediante solicitudes de información, diálogos con las autoridades y el seguimiento de nuevas acciones urgentes mientras persista la crisis.
El presidente del comité reiteró que el propósito central es mejorar la respuesta a las desapariciones y atender las necesidades de las familias que buscan verdad, justicia y conocer el paradero de sus seres queridos.
Con información de: Aristegui Noticias
