Marcela Loyola
Permisionarios del transporte urbano presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa para crear el “Programa para el Fortalecimiento y Apoyo al Usuario del Transporte Público en el Área Metropolitana de San Luis Potosí”, donde solicitan una asignación de recursos en el Presupuesto de Egresos 2027, por 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos.
De acuerdo a la iniciativa, el recurso seria para la mejora del transporte urbano, cuya ejecución correspondería al Poder Ejecutivo a través de las dependencias competentes, bajo reglas de operación, transparencia y evaluación.
Fue un grupo de permisionarios encabezados por Margarito Terán López, quienes presentaron la iniciativa con el argumento de que, el sector enfrenta presiones por incremento de combustibles, refacciones, necesidad de renovación y modernización del parque vehicular, incorporación de tecnologías, accesibilidad universal, capacitación de operadores, seguridad, mejora de cobertura y sustitución de unidades con vida útil vencida, además de tecnologías de menor impacto ambiental.
Advierte que, esos factores afectan la sostenibilidad financiera del transporte público y llevan a trasladar costos a usuarios vía incrementos tarifarios o deterioro de calidad, continuidad y cobertura.
El objetivo del programa que proponen es fortalecer la prestación sostenible del servicio mediante apoyos económicos focalizados para mejorar calidad, seguridad, accesibilidad, eficiencia, cobertura, modernización y sostenibilidad, privilegiando el beneficio directo de usuarios, sin constituir transferencias generales permanentes o incondicionadas.
Los recursos, sujetos a disponibilidad presupuestaria, podrían destinarse a: renovación y sustitución de unidades; modernización tecnológica, sistemas de prepago y monitoreo; accesibilidad universal y sistemas de seguridad; capacitación de operadores y mantenimiento; tecnologías de menor impacto ambiental; fortalecimiento de rutas con alta demanda y atención a zonas sin cobertura; estudios técnicos, mejora de continuidad y apoyos focalizados para mantener tarifas socialmente accesibles.
Los apoyos estarían condicionados a continuidad, frecuencia, cobertura, seguridad, condiciones físico-mecánicas, cumplimiento normativo y atención a grupos vulnerables y estudiantes. Como población prioritaria contemplan a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, en vulnerabilidad económica, habitantes de periferias y trabajadores con desplazamientos cotidianos.
La iniciativa precisa que, la denominación no implica crear nueva dependencia ni fideicomiso, y que la cantidad definitiva será resuelta por el Legislativo dentro del procedimiento constitucional de aprobación del Presupuesto, con base en diagnóstico técnico y disciplina financiera.
